Buscando verificar el desarrollo poblacional alcanzado en los últimos años, la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social (GRDIS) impulsa la implementación de la Agenda Social Territorial. Mediante ella, se busca monitorear el trabajo desarrollado por las municipalidades distritales de Arequipa para promover programas de salud, nutrición y educación para su población.

La iniciativa, articulada a través de la Red Regional de Gerentes de Desarrollo Social, busca dar seguimiento a las acciones como la reducción de la anemia infantil, el registro de personas discapacitadas en Conadis, potenciar la seguridad alimentaria en zonas de pobreza. Fernando Isuiza Prado, titular de la GRDIS, precisó que estas acciones ya están contempladas en la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. “No estamos haciendo nada extraordinario. Simplemente estamos monitoreando el cumplimiento de obligaciones hacia la población”, afirmó.

Aunque la agenda no establece metas cuantificadas ni plazos definidos de cumplimiento, Isuiza Prado sostuvo que el proceso es permanente y se basa en compromisos asumidos previamente por las entidades. No obstante, anunció que en octubre se realizará una evaluación para medir el nivel de avance de las acciones priorizadas. Dicha evaluación permitirá conocer el progreso en medidas de apoyo poblacional en cada distrito. Indicador especial ante el cierre de la gestión regional y municipal.

En ese marco, el denominado Sello Regional promovido por el Gobierno Regional de Arequipa servirá como un mecanismo de verificación que permita a los municipios presentar evidencia de cumplimiento, como la cloración continua de sistemas de agua o el registro actualizado de personas con discapacidad. “Uno de los principales indicadores es la reducción de la anemia, que requiere una articulación conjunta con el sector Salud y los gobiernos locales”, sostuvo Isuiza Prado.

A pesar de estos avances, la efectividad de la Agenda Social Territorial dependerá de la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar sus funciones básicas y de la supervisión regional para verificar su cumplimiento, en un contexto donde la estrategia se orienta más a ordenar la gestión existente que a implementar nuevas políticas públicas.