El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de habeas corpus presentada por el exministro del Interior Juan José Santiváñez, con la que buscaba impedir que el Ministerio Público adopte acciones que pudieran derivar en la restricción de su libertad personal.

La decisión fue adoptada por el pleno del máximo intérprete de la Constitución, que desestimó el recurso interpuesto por la defensa legal del exfuncionario. La demanda estaba dirigida contra la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, así como contra integrantes del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder y otros fiscales vinculados a investigaciones por enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales.

El recurso alegaba una presunta vulneración de los derechos fundamentales a la libertad personal y al debido proceso, en el marco de las diligencias fiscales seguidas contra Santiváñez. En ese sentido, la defensa solicitaba que se anulen diversas actuaciones del Ministerio Público, entre ellas un requerimiento de febrero de 2025 que autorizó el allanamiento de su vivienda, así como el registro domiciliario, personal y vehicular con fines de incautación de bienes.

Asimismo, se cuestionaba la disposición fiscal que levantó el secreto de la investigación preliminar por un plazo de 30 días, con posibilidad de ampliación, así como la actuación de uno de los fiscales del equipo especial, a quien se le atribuía una supuesta falta de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

El exministro es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias agravado y otros ilícitos en perjuicio del Estado. En ese contexto, su defensa buscaba que el Tribunal Constitucional ordenara el cese de cualquier medida que pudiera afectar su libertad personal.

Sin embargo, el TC concluyó que la demanda no cumplía con los presupuestos necesarios para ser admitida, por lo que la declaró improcedente, manteniendo vigentes las actuaciones del Ministerio Público en el marco de la investigación.

Con esta decisión, el proceso fiscal contra Santiváñez continuará su curso conforme a ley, sin restricciones adicionales derivadas del recurso constitucional presentado por su defensa.

La resolución reafirma el rol del Tribunal Constitucional en la evaluación de garantías fundamentales, así como los límites del habeas corpus frente a investigaciones fiscales en curso.