Por Rocío Velazco C.

ACTIVIDAD SUPERA LOS $6 MIL MILLONES

La minería ilegal ya no es solo un problema ambiental o policial. Hoy se ha convertido en la economía ilícita de mayor expansión en el Perú, superando incluso al narcotráfico en volumen de dinero y capacidad de penetración territorial. Solo en 2025, las operaciones sospechosas vinculadas a esta actividad superaron los 6 mil millones de dólares, mientras que en la última década apenas el 2,4 % de inscritos en el Reinfo logró formalizarse. Sin embargo, pese a la gravedad del escenario, ninguno de los candidatos que tendría opción de pasar a la segunda vuelta electoral plantea eliminar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo cuestionado por haber facilitado durante más de una década el crecimiento de esta actividad ilegal.

Un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) advirtió que los planes de gobierno de Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación Popular presentan propuestas insuficientes para enfrentar la minería ilegal y, en algunos casos, mantienen medidas que podrían agravar el problema.

El principal punto crítico es la continuidad del Reinfo, creado originalmente como un régimen temporal para formalizar a pequeños mineros artesanales, pero que terminó convirtiéndose en una herramienta permanente que permitió operar a miles de mineros sin una fiscalización efectiva.

Según cifras recogidas por el IPE, apenas el 2,4 % de los inscritos logró formalizarse en diez años. A pesar de esos resultados, el Congreso aprobó en diciembre de 2025 una quinta prórroga consecutiva del registro, con respaldo de bancadas vinculadas a las agrupaciones que hoy disputan el poder político.

Para el gerente general del IPE, Carlos Gallardo, la ausencia de propuestas concretas revela que el problema sigue siendo tratado de manera superficial.

“Ninguno de los planes de gobierno ha abordado esta problemática de la formalización de manera integral. Sería una buena señal terminar por fin con el Reinfo. Es un régimen que debió ser extraordinario y temporal, pero llevamos más de veinte años ampliando procesos similares”, sostuvo.

La preocupación no es menor. La minería ilegal mueve actualmente cifras récord impulsadas por el alto precio internacional del oro y por la débil presencia del Estado en amplias zonas del país. El fenómeno dejó de concentrarse únicamente en Madre de Dios y ahora se expande por casi todo el territorio nacional.

El alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, Rodolfo García, señaló que la prioridad debe ser cambiar el marco normativo y aprobar una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal.

“Necesitamos terminar con el Reinfo y contar con una norma que realmente permita formalizar a los más de 31 mil registros vigentes y suspendidos. Se requiere una legislación moderna que dé orden a esta actividad económica”, indicó.

Las cifras reflejan la magnitud del problema. En los últimos cinco años, las denuncias por minería ilegal se duplicaron en el país, según registros del Ministerio Público. Las regiones con mayor crecimiento son La Libertad, Cajamarca y Madre de Dios, aunque el avance también alcanza a zonas de la Amazonía y la sierra sur.

Uno de los indicadores más alarmantes es el incremento de operaciones financieras sospechosas vinculadas a este delito. Solo en 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos por más de 6 mil millones de dólares relacionados con minería ilegal, casi el doble de lo reportado hace cuatro años.

“El crecimiento de los reportes vinculados a minería ilegal ha sido mucho mayor que el de cualquier otro crimen. Mientras otros delitos triplicaron sus operaciones sospechosas, las relacionadas con minería ilegal se multiplicaron por ocho”, explicó Gallardo.

El auge de esta actividad también está asociado a la creciente demanda mundial de oro, que alcanzó precios históricos en los mercados internacionales. Ese escenario convirtió a la extracción ilegal en una actividad altamente rentable, atrayendo redes criminales vinculadas al lavado de dinero, trata de personas, tráfico de insumos químicos y extorsión.

Además del impacto económico, las consecuencias sociales y ambientales son cada vez más graves. La destrucción de bosques, la contaminación de ríos con mercurio y la ocupación violenta de territorios generan conflictos permanentes en distintas regiones.

El comisionado Rodolfo García advirtió que la minería ilegal ya tiene presencia en todas las regiones del país, incluyendo zonas consideradas estratégicas para la producción agrícola y la conservación ambiental.

“Madre de Dios sigue siendo una de las zonas más críticas, pero hoy también enfrentamos problemas severos en Loreto, Amazonas, Ucayali, Huánuco, La Libertad, Apurímac, Puno y Arequipa. La minería ilegal está prácticamente en todo el país”, afirmó.

En regiones como Arequipa, el problema crece especialmente en provincias donde operan explotaciones informales vinculadas a la extracción de oro. La expansión de campamentos ilegales y el uso indiscriminado de insumos contaminantes comenzaron a generar preocupación entre autoridades locales y poblaciones cercanas.

Pese a ello, especialistas consideran que el Estado aún responde de manera fragmentada y con recursos insuficientes. De acuerdo con García, el presupuesto destinado al combate de la minería ilegal es hasta diez veces menor que el asignado para la lucha contra el narcotráfico, a pesar de que ambas economías ilícitas ya tienen niveles similares de expansión.

El debate electoral, sin embargo, todavía no incorpora propuestas de fondo para enfrentar el problema. Los candidatos priorizan discursos de seguridad ciudadana o crecimiento económico, pero evitan pronunciarse sobre medidas concretas como el cierre definitivo del Reinfo, la intervención territorial o el fortalecimiento de la fiscalización ambiental y financiera.

Para los especialistas, el próximo gobierno enfrentará uno de los mayores desafíos de las últimas décadas: impedir que la minería ilegal termine consolidándose como la principal economía criminal del país.

La solución, advierten, no pasa únicamente por operativos policiales. Requiere una estrategia integral que combine formalización real, presencia efectiva del Estado, inteligencia financiera, control territorial y cooperación internacional.

De lo contrario, el Perú podría ingresar a una etapa en la que la minería ilegal no solo contamine ríos y destruya bosques, sino que también capture economías regionales, instituciones y espacios de poder político.