Por Andrea Flores.

Durante décadas, miles de jóvenes peruanos han asumido con disciplina y sacrificio la responsabilidad de servir al país a través del servicio militar acuartelado. Desde las zonas más alejadas del territorio nacional hasta las ciudades afectadas por emergencias y desastres naturales, su presencia ha sido fundamental en momentos críticos de la historia reciente del Perú. Sin embargo, pese a la importancia de la labor que desempeñan, el reconocimiento económico hacia ellos siempre resultó insuficiente frente al nivel de exigencia y compromiso que demanda la vida militar.

En ese contexto, la promulgación de la Ley N.° 32590 representa un acto de justicia largamente esperado. La norma, que autoriza el incremento del 50 % en la asignación económica mensual del personal que presta servicio militar acuartelado, constituye una señal concreta de reconocimiento hacia aproximadamente 45 mil jóvenes que hoy forman parte de las Fuerzas Armadas.

El aumento no solo tiene un impacto económico inmediato, sino también un profundo valor simbólico. Un soldado que antes percibía 256 soles mensuales pasará ahora a recibir 384 soles en el grado inicial, cifra que se incrementará de acuerdo con el nivel alcanzado y las modalidades de reenganche. Aunque el monto todavía puede parecer limitado frente a otras actividades laborales, representa un avance importante en la valoración del servicio que estos jóvenes brindan al país.

Las Fuerzas Armadas cumplen un rol esencial en la defensa nacional, pero también en tareas de apoyo a la ciudadanía. Durante la pandemia de la Covid-19, miles de soldados estuvieron en primera línea ayudando en labores de control, distribución de ayuda y seguridad. Del mismo modo, participan constantemente en operaciones frente a huaicos, inundaciones, incendios forestales y otras emergencias que afectan a la población. También son parte de la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico en distintas regiones del territorio nacional.

Por ello, mejorar las condiciones del servicio militar no debe verse como un gasto, sino como una inversión estratégica para el país. Un joven que decide incorporarse a las Fuerzas Armadas merece recibir condiciones dignas, incentivos adecuados y oportunidades reales de desarrollo personal y profesional. Además de la asignación económica, quienes cumplen servicio militar cuentan con alimentación, vestimenta, seguro de vida y beneficios para acceder posteriormente a instituciones militares, policiales y oportunidades laborales en el Estado.

Otro aspecto destacable es que esta medida haya sido posible gracias al consenso entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. En un escenario político marcado frecuentemente por confrontaciones, resulta positivo que ambas instancias hayan coincidido en la necesidad de atender una demanda históricamente postergada.

Sin embargo, el reto no termina aquí. El fortalecimiento del servicio militar requiere continuar impulsando programas de capacitación técnica, acceso a educación y mayores oportunidades de reinserción laboral para los licenciados. Reconocer y respaldar a quienes sirven al Perú no solo es un acto de justicia, sino también una decisión fundamental para construir instituciones más sólidas y un país más preparado para enfrentar sus desafíos futuros.