La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un dictamen que propone modificar el Nuevo Código Procesal Penal con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y garantizar el derecho de defensa en los procesos penales. La iniciativa recibió 14 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones.

La propuesta se basa en el Proyecto de Ley 7081/2023-CR, presentado por la congresista Katy Ugarte Mamani, y modifica el numeral 1 del artículo 278 y el numeral 3 del artículo 396 del Decreto Legislativo 957.

El presidente de la comisión, Flavio Cruz Mamani, explicó que la finalidad es precisar desde cuándo se inicia el cómputo de los plazos procesales para presentar apelaciones y otros recursos, especialmente en casos de prisión preventiva y sentencias penales.

Según indicó, actualmente existen criterios distintos en el Poder Judicial respecto al momento en que empiezan a correr los plazos, debido a que muchas resoluciones son leídas en audiencia pública, pero las partes aún no cuentan con el texto íntegro del fallo.

Con la modificación aprobada, la sentencia deberá notificarse de manera física o electrónica, sin perjuicio de su lectura pública. La comisión sostuvo que ello permitirá brindar mayor claridad y evitar afectaciones al derecho de defensa.

Durante la sesión también se aprobó otro dictamen que modifica la Ley 30364 para permitir que las medidas de protección contra la violencia hacia las mujeres y el grupo familiar puedan notificarse mediante medios tecnológicos, como aplicaciones de mensajería, correo electrónico o redes sociales. La propuesta se sustenta en un proyecto presentado por la congresista Digna Calle Lobatón.

Asimismo, la comisión aprobó cambios vinculados a los procedimientos de extradición y normas orientadas a modernizar la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), con el fin de facilitar el desarrollo de emprendimientos y la continuidad de los negocios.