Por Carlos Meneses

Mientras tanto, Arequipa continúa enfrentando una creciente sensación de inseguridad, con policías obligados a trabajar con unidades deterioradas y limitaciones logísticas. La delincuencia no espera ni avanza por etapas. Las soluciones tampoco deberían hacerlo.

La inseguridad ciudadana en Arequipa continúa creciendo mientras las respuestas de las autoridades regionales llegan tarde, a medias y envueltas en justificaciones administrativas. La reciente recepción parcial de patrulleros por parte del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) confirma el fracaso de una gestión que, pese a contar con recursos millonarios, no ha sido capaz de concretar a tiempo una de sus principales promesas en materia de seguridad.

El proyecto contemplaba la entrega de 100 patrulleros policiales para reforzar el trabajo de la Policía Nacional en provincias y distritos golpeados por la delincuencia. Sin embargo, después de casi tres años de retrasos, observaciones y anuncios incumplidos, el GRA terminó aceptando un lote incompleto, sin informar con claridad cuántas unidades faltan ni cuándo serán finalmente entregadas.

La situación resulta aún más cuestionable si se considera que, contractualmente, las camionetas debían entregarse en un plazo de 210 días. Es decir, el proyecto no solo incumplió el cronograma original, sino que acumuló años de retraso sin que hasta ahora existan responsabilidades claras. Durante este tiempo, las autoridades regionales anunciaron reiteradamente fechas de entrega que nunca se concretaron. Primero prometieron las unidades para 2024 y luego para 2025, mientras el proceso seguía entrampado por observaciones técnicas, problemas administrativos y la demora en contratar a una empresa supervisora.

Lo preocupante es que, pese a todos esos antecedentes, el Gobierno Regional terminó recepcionando unidades incompletas como si se tratara de una situación normal. Esa decisión deja una sensación de improvisación y poca capacidad de gestión en un proyecto valorizado en más de S/ 18 millones, presentado inicialmente como una medida urgente para enfrentar el incremento de asaltos, sicariato y delitos violentos en Arequipa.

La realidad demuestra que la urgencia quedó solo en el discurso político. Mientras el proceso administrativo avanzaba lentamente, la delincuencia siguió creciendo. La propia Policía ha reconocido que más del 40 % de su flota vehicular presenta fallas mecánicas o permanece inoperativa. En esas condiciones, cada patrullero que no llegó a tiempo significó menos vigilancia, menos capacidad de respuesta y mayor sensación de abandono para la ciudadanía.

El problema de fondo no es únicamente el retraso, sino la peligrosa costumbre de aceptar proyectos inconclusos y cronogramas incumplidos sin consecuencias. Cuando las autoridades normalizan las entregas parciales y las promesas postergadas, la población termina perdiendo confianza en las instituciones.