Por: Carlos Meneses

La Fiscalía Anticorrupción tiene ahora la responsabilidad de investigar con rapidez y profundidad. Pero la lección más urgente es otra: ningún sistema público puede funcionar si los mecanismos de control existen solo en el papel mientras el dinero desaparece durante años sin que nadie lo advierta.

El escándalo financiero descubierto en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) no solo revela el presunto robo sistemático de casi seis millones de soles. También desnuda una alarmante cadena de negligencias, omisiones y debilidades institucionales que permitieron que el desvío de dinero público permaneciera oculto durante casi una década.

Que desde el año 2016 se hayan realizado transferencias irregulares desde las cuentas institucionales hacia la cuenta personal de un trabajador de tesorería sin ser detectadas, constituye un golpe demoledor a la credibilidad de los sistemas de control de la principal universidad pública de Arequipa. Pero más grave aún es comprobar que ni los mecanismos internos de supervisión ni las auditorías externas contratadas durante años lograron advertir lo que hoy aparece como un esquema sostenido de apropiación ilícita.

El caso obliga a formular preguntas incómodas. ¿Cómo fue posible que millonarias transferencias se realizaran de manera reiterada sin activar alertas? ¿Dónde estuvieron las oficinas encargadas del control financiero? ¿Qué revisaban exactamente las auditorías externas pagadas anualmente por la universidad? La magnitud del desfalco hace difícil pensar en simples errores administrativos o descuidos menores.

La Contraloría General de la República también queda severamente cuestionada. Las auditorías financiadas con recursos públicos debieron detectar irregularidades tan graves mucho antes. Si durante años se revisaron balances, movimientos bancarios y estados financieros sin advertir la desaparición de millones de soles, entonces el problema supera el ámbito universitario y alcanza directamente a los sistemas estatales de fiscalización.

Resulta igualmente preocupante que el caso recién haya salido a la luz tras la contratación de un peritaje contable impulsado por la nueva administración universitaria. Es decir, no fueron los controles regulares del Estado los que descubrieron el presunto delito, sino una revisión extraordinaria promovida por decisión interna. Eso evidencia la fragilidad de las barreras de prevención y control existentes.

Además, el periodo en que comenzaron las irregularidades coincide con anteriores gestiones universitarias, lo que inevitablemente genera cuestionamientos políticos y administrativos. Aunque aún no existan responsabilidades penales determinadas contra exautoridades, corresponde que la investigación fiscal alcance todos los niveles necesarios para esclarecer si hubo complicidad, encubrimiento o negligencia.

La comunidad universitaria y la ciudadanía arequipeña merecen respuestas claras. Los casi seis millones de soles desaparecidos pertenecen a una institución pública cuya misión es formar profesionales y generar conocimiento, no convertirse en escenario de presuntos actos de corrupción.