La Contraloría General de la República determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre ellos el exjefe del organismo electoral, por una serie de irregularidades registradas durante las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, que terminaron afectando el derecho al sufragio de más de 55 mil ciudadanos de Lima Metropolitana.

De acuerdo con el Informe de Control Específico N.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, las observaciones están relacionadas con el proceso de contratación del servicio de transporte para el despliegue y repliegue de material electoral, equipos informáticos y otros implementos utilizados durante el proceso electoral.

La Contraloría señaló que los términos de referencia elaborados por funcionarios de la ONPE no precisaban la cantidad exacta de vehículos necesarios para realizar el servicio. Esta situación habría generado irregularidades durante la evaluación de propuestas y favorecido indebidamente a un postor.

Según el informe, los evaluadores aplicaron criterios no establecidos en las bases, reduciendo de manera arbitraria las dimensiones de los vehículos ofertados y alterando los puntajes asignados a los participantes. Como consecuencia, la buena pro fue otorgada a una empresa cuya oferta económica era superior en más de S/ 168 mil respecto a otra propuesta.

Además, se detectó que los evaluadores consignaron información inexacta sobre la capacidad de carga de seis vehículos presentados por el postor ganador, permitiéndole obtener una puntuación mayor a la que le correspondía. La Contraloría indicó que la diferencia económica con relación al postor que debió ganar ascendía a más de S/ 469 mil.

El organismo de control también advirtió que la empresa ganadora prestó el servicio utilizando principalmente vehículos de terceros. De los 477 vehículos empleados, solo 40 eran propios y 437 pertenecían a terceros, equivalente al 92 % del total utilizado.

Otro aspecto observado corresponde a la reprogramación de rutas realizada el 11 de abril, un día antes de las elecciones. Funcionarios de la ONPE modificaron 43 rutas que incluían 553 locales de votación y más de 8 mil mesas de sufragio, pese a conocer que los tiempos establecidos para la entrega del material electoral resultaban insuficientes.

Estas decisiones ocasionaron que el material y equipos informáticos llegaran tarde a 3 mil 605 mesas de votación. Incluso, 187 mesas no pudieron instalarse el día de la jornada electoral, afectando directamente el derecho al voto de 55 mil 261 electores en Lima Metropolitana.

La Contraloría también cuestionó la aprobación de prestaciones adicionales por más de S/ 650 mil sin el sustento técnico ni legal correspondiente. Entre ellas figura el incremento del costo por traslado de equipos informáticos, cuyo precio se elevó hasta en 900 % respecto al contrato original.

Finalmente, el organismo recomendó a la ONPE iniciar el deslinde de responsabilidades administrativas y exhortó a la Procuraduría Pública a promover las acciones penales correspondientes contra los funcionarios involucrados.