Por Pedro Rodríguez Chirinos.

RERUM NOVARUM

Cada vez que la crisis golpea los bolsillos o el debate político se enciende, una frase vuelve a sonar en los discursos: Economía Social de Mercado (ESM). Está consagrada en el artículo 58 de nuestra Constitución actual de 1993 y también estuvo en la de 1979. Sin embargo, para el ciudadano de a pie que lucha contra los precios y las promesas incumplidas del Estado, la pregunta sigue flotando en el aire con urgencia: ¿qué significa realmente este modelo y cómo se supone que debe mejorar nuestras vidas?

Para entenderlo, hay que viajar al 23 de abril de 1949. Ese día, el diario alemán Berliner Tagesspiegel publicó un artículo de Ludwig Erhard, el cerebro detrás del «milagro económico» que levantó a una Alemania Occidental en ruinas. Erhard definió el modelo como una economía sana, libre de privilegios sectoriales, capaz de garantizar una existencia digna a todo el pueblo y una participación justa en la riqueza nacional.

Décadas después, esta idea inspiró a un grupo de intelectuales del Partido Popular Cristiano (PPC), quienes impulsaron su incorporación en la Constitución peruana de 1979. Aunque ese texto tuvo corta vida, el modelo se mantuvo formalmente en la Carta Magna de 1993. Pero la distancia entre el espíritu original de la norma y su aplicación práctica ha sido abismal.

El éxito de la ESM no es un secreto místico; se sostiene sobre tres pilares fundamentales que a menudo se olvidan en el debate público: libertad, subsidiariedad y solidaridad.

El pilar de la libertad exige reglas de juego iguales para todos, obligando al Estado a sancionar monopolios o concertaciones de precios. Cuando esto falla, caemos en el mercantilismo: un escenario donde unas pocas corporaciones imponen sus condiciones gracias a privilegios legales, ahogando al pequeño emprendedor.

Por su parte, la subsidiariedad no implica la desaparición del Estado, sino su concentración en lo esencial. Su rol es garantizar servicios públicos de alta calidad —salud, educación e infraestructura— para que cada persona tenga herramientas reales para competir. Si el Estado abandona este rol, la libertad económica se vuelve el privilegio de unos pocos.

Finalmente, la solidaridad funciona como una red de seguridad social para proteger a quienes, por enfermedad o desempleo, no pueden sostenerse a sí mismos. Lejos de ser un asistencialismo que genera dependencia, busca rescatar temporalmente al ciudadano y devolverle la dignidad.

Hoy, la realidad peruana dista mucho de ese equilibrio. Lo que el ciudadano vive en la calle no es el modelo de Erhard, sino el mercantilismo asfixiante que Hernando de Soto diseccionó con brillantez en “El otro sendero”: un sistema capturado por la burocracia y los grandes intereses que empuja a la mayoría a la informalidad: en lo económico, político y social.  El desafío actual no es cambiar la ley, sino tener la decisión política de aplicarla. Es hora de transitar del capitalismo de compadrazgo a una verdadera economía social donde el libre mercado y la justicia social dejen de ser promesas opuestas y comiencen a funcionar como las dos manos de un mismo cuerpo.