Por Carlos Meneses

La seguridad ciudadana exige liderazgo, eficiencia y ejecución inmediata. Pero en Arequipa ocurre lo contrario: las obras se retrasan, los equipos no operan y la delincuencia sigue avanzando. Esa es la verdadera consecuencia de una gestión regional lenta, improvisada y desconectada de las necesidades urgentes de la población.

La creciente inseguridad que golpea a Arequipa no solo es consecuencia del avance de la delincuencia. También es resultado directo de la deficiente capacidad de gestión del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), que continúa acumulando retrasos, obras inconclusas y promesas incumplidas en proyectos claves para fortalecer la seguridad ciudadana.

El caso más evidente es el Laboratorio de Criminalística de Arequipa, una infraestructura que debió convertirse en una herramienta estratégica para combatir el crimen organizado y agilizar las investigaciones policiales en el sur del país. Sin embargo, cinco años después del inicio de su construcción, el edificio permanece abandonado, deteriorándose incluso antes de haber sido inaugurado.

Aunque el Ministerio del Interior inició la obra y tiene responsabilidad directa en su fracaso inicial, el GRA decidió asumir el saldo del proyecto sin garantizar previamente su viabilidad financiera ni técnica. Esa decisión hoy evidencia más improvisación que capacidad de gestión.

El gobernador Rohel Sánchez anunció en diciembre del año pasado que el Gobierno Regional culminaría la obra mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. El problema es que, hasta ahora, no existe empresa interesada en financiar los trabajos pendientes. Aun así, el GRA mantiene discursos optimistas y fechas de entrega que parecen más anuncios políticos que compromisos técnicamente sostenibles.

La consecuencia es grave. Mientras las autoridades buscan inversionistas y realizan trámites administrativos, la infraestructura continúa deteriorándose. Las fisuras, rajaduras y deficiencias detectadas por la Contraloría muestran que el abandono ya empieza a pasar factura. Cada mes perdido significa mayores costos, más retrasos y menos capacidad para enfrentar la criminalidad.

El laboratorio no es una obra cualquiera. Su funcionamiento permitiría descentralizar pruebas de ADN, análisis químicos y otras pericias fundamentales para resolver homicidios, violaciones, casos de narcotráfico y crimen organizado. Hoy, muchas de esas pruebas siguen enviándose a Lima, generando demoras que afectan investigaciones y procesos judiciales.

Pero el problema no termina allí. La incapacidad de gestión también se refleja en los patrulleros adquiridos por el propio Gobierno Regional. Aunque las unidades ya llegaron a Arequipa, continúan estacionadas porque no cuentan con placas ni SOAT. Es decir, los vehículos existen, pero no pueden utilizarse mientras la inseguridad sigue creciendo en las calles.

La imagen resulta alarmante: patrulleros inmovilizados, edificios vacíos y millones de soles comprometidos sin resultados concretos para la ciudadanía. Mientras tanto, la población enfrenta diariamente robos, asaltos y hechos violentos que aumentan la sensación de inseguridad.

El GRA no puede seguir refugiándose en excusas administrativas ni trasladando responsabilidades. Gobernar implica resolver problemas, acelerar procesos y garantizar resultados. Si una gestión regional no logra poner en funcionamiento infraestructura esencial ni equipamiento adquirido con recursos públicos, entonces la población tiene todo el derecho de cuestionar su capacidad.