La Cámara de Taxis de Arequipa cuestionó que el Gobierno atienda a otros sectores del transporte, mientras los conductores formales aseguran que sus ingresos diarios se redujeron por el incremento del combustible.

La Cámara de Taxis de Arequipa cuestionó al Gobierno central por no incluir al sector taxi en las medidas de apoyo económico aprobadas frente al alza de los combustibles. El gremio sostiene que los conductores formales afrontan mayores costos operativos sin un subsidio directo, pese a prestar un servicio clave para la movilidad urbana.

Adolfo Paco, representante del sector, afirmó que existe un trato desigual frente a otros rubros del transporte que sí fueron considerados en recientes decretos de urgencia. Según indicó, el transporte urbano de Lima y Callao recibió una medida específica, mientras que los taxis y parte del transporte formal en regiones continúan sin una respuesta clara.

El reclamo surge luego de que el Ejecutivo aprobara un subsidio temporal para transportistas formales de pasajeros y mercancías, además de un mecanismo especial para operadores del transporte público regular en Lima y Callao. Para los taxistas arequipeños, esas disposiciones evidencian una mirada centralista que no recoge la realidad económica de las regiones.

Paco planteó que el Gobierno evalúe un subsidio para el taxi formal y reactive mecanismos de estabilización de precios de combustibles. Señaló que el incremento del combustible golpea directamente la rentabilidad diaria del conductor, obliga a trabajar más horas y reduce el ingreso que finalmente llega a los hogares.

De acuerdo con el representante gremial, el gasto diario en combustible habría subido alrededor de 30 %. Explicó que antes un taxista podía cargar entre S/ 40 y S/ 50 al día, mientras ahora el desembolso llega a S/ 60 o S/ 70, dependiendo de la jornada y del tipo de unidad.

El dirigente aseguró que la ganancia diaria de muchos conductores cayó de un promedio cercano a S/ 60 a montos de entre S/ 25 y S/ 30. También estimó que en la provincia de Arequipa operan alrededor de 40 mil taxis, por lo que el impacto no solo alcanza a los choferes, sino también a miles de familias que dependen de esa actividad.

El gremio advierte que, si no se adoptan medidas descentralizadas, más conductores podrían dejar el servicio o trasladar parte del costo al usuario. La discusión sobre los combustibles vuelve así a colocar en agenda la necesidad de una política pública que atienda al transporte formal en regiones, sin limitar la respuesta estatal a Lima y Callao.