Cuestionan falta de permisos y estudios en

proyecto de saneamiento para Huaynacotas

La Contraloría General de la República identificó 12 observaciones técnicas, legales y financieras en el proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado del anexo Visbe, en el distrito Huaynacotas (La Unión). El proyecto, valorizado en S/3 millones 119 mil 931,74 está a cargo del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y busca viabilidad bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

Según el Informe Previo N.° 035-2026-CG/GRAR, el GRA aún no acredita documentalmente la libre disponibilidad de los terrenos donde se desarrollará la intervención ni que las áreas se encuentren libres de interferencias. Asimismo, la documentación presentada no demuestra la titularidad de quienes suscribieron las actas de libre disponibilidad de predios.

El órgano de control también advirtió que el proyecto carece de documentación técnica clave. Entre las principales observaciones figuran la ausencia de planos de detalle de arquitectura e instalaciones sanitarias para la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), así como la falta de memorias de cálculo estructural para algunos componentes de la obra.

A ello se suma que el expediente no incluye los anexos de la ficha técnica estándar del proyecto de saneamiento rural y que el estudio de preinversión remitido no cuenta con el visto bueno del funcionario competente, situación que, según la Contraloría, requiere una validación por parte de la entidad.

En materia ambiental, el informe señala que el GRA no definió las medidas para el manejo del material excedente que generará la ejecución de la obra. Además, indicó que las autorizaciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) serán gestionadas recién durante la elaboración del expediente técnico, pese a que aún no se cuenta con certificación ambiental.

La revisión también detectó que la entidad no sustentó diversos costos considerados en el presupuesto referencial del proyecto, entre ellos gastos de supervisión, gestión, liquidación, personal técnico y profesional, así como algunos insumos específicos vinculados a la ejecución de la obra.

En el aspecto financiero, la Contraloría encontró inconsistencias entre el flujo de caja proyectado, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la programación multianual reportada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Asimismo, observó que el Gobierno Regional no presentó la certificación presupuestal para financiar los procesos de selección de la empresa ejecutora y de la entidad supervisora.

A pesar de estas observaciones, el organismo de control verificó que el proyecto fue priorizado conforme a la normativa vigente de Obras por Impuestos y que se encuentra registrado en la cartera de proyectos de ProInversión. Sin embargo, recomendó que el Gobierno Regional adopte las medidas correctivas necesarias antes de convocar el proceso de selección de la empresa privada encargada de financiar y ejecutar la obra.