La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó el archivo definitivo del proceso penal seguido contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal relacionados con el denominado caso “Cócteles”, vinculado al financiamiento de sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

La decisión fue adoptada luego de que el tribunal declarara infundados los recursos de apelación presentados por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y por la Procuraduría Pública especializada en este tipo de delitos. Ambas entidades buscaban revertir la resolución emitida en enero de este año por el juez Wilson Verástegui.

Dicha resolución ejecutó una sentencia previa del Tribunal Constitucional, emitida en octubre de 2025, mediante la cual se dispuso el sobreseimiento definitivo del proceso penal contra Fujimori por los delitos de lavado de activos y organización criminal. La medida también alcanzó a otros investigados que afrontaban cargos similares dentro del mismo expediente judicial.

Asimismo, la sala superior ordenó el archivo de la imputación por lavado de activos contra Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, así como contra la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C. Los magistrados declararon fundados los recursos de apelación que ambos presentaron al considerar que también debían beneficiarse con los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional.

No obstante, el colegiado precisó que aún corresponde evaluar la situación de otras imputaciones vinculadas al caso. En particular, se refirió a los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica atribuidos a Keiko Fujimori y otros integrantes de Fuerza Popular.

Según la resolución, estos extremos solo podrán continuar si cuentan con autonomía fáctica, típica y probatoria respecto de los cargos ya archivados. Para ello será necesario un nuevo pronunciamiento del Ministerio Público debidamente sustentado, que además deberá considerar la vigencia de la acción penal y una eventual prescripción de los hechos investigados.

Con esta decisión, el Poder Judicial ratifica el cierre de uno de los procesos más emblemáticos de los últimos años en el ámbito político y judicial peruano, aunque deja abierta la posibilidad de que algunas investigaciones conexas continúen bajo evaluación fiscal.