El Gobierno nacional prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en seis distritos del departamento de Madre de Dios, con el objetivo de continuar las acciones destinadas a combatir la criminalidad organizada y otras manifestaciones de violencia que afectan a esta región amazónica.

MADRE DE DIOS

La medida entró en vigencia desde el 16 de junio de 2026 y comprende los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, pertenecientes a la provincia de Tambopata, así como Madre de Dios y Huepetuhe, en la provincia de Manu. La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 093-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Extraordinarias del Diario Oficial El Peruano.

De acuerdo con la norma, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno en las jurisdicciones comprendidas en la emergencia, contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las operaciones se desarrollan sobre la base de información de inteligencia, estadísticas, mapas del delito y otros indicadores que permiten identificar las zonas de intervención prioritaria.

Durante la vigencia de esta prórroga se aplicarán las disposiciones contempladas en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que permiten restringir o suspender determinados derechos fundamentales. Entre ellos figuran la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.

Asimismo, el decreto establece que las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes. En cambio, aquellas actividades que no impliquen concentraciones masivas podrán desarrollarse sin necesidad de solicitar permisos especiales.

La participación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas se realizará conforme a los protocolos establecidos por la legislación vigente sobre el uso de la fuerza. Esto incluye las disposiciones contenidas en los decretos legislativos que regulan las intervenciones policiales y militares en el territorio nacional, así como las normas destinadas a proteger a mujeres y personas en situación de vulnerabilidad durante operativos de control.

La decisión del Ejecutivo responde a la persistencia de actividades ilícitas en diversas zonas de Madre de Dios, donde históricamente se han registrado problemas relacionados con la minería ilegal, el tráfico de insumos, delitos ambientales y otras acciones vinculadas al crimen organizado.

La norma también dispone que, una vez concluido el periodo de emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe detallado al Ministerio del Interior sobre los resultados obtenidos. Posteriormente, el informe final será remitido a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial, acompañado de recomendaciones para fortalecer las acciones de seguridad en la zona.

El decreto supremo lleva las firmas del presidente de la República, José María Balcázar Zelada; del presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez; y de los titulares de Defensa, Interior, Economía y Finanzas, Justicia y Derechos Humanos, Transportes y Comunicaciones, y Ambiente.