La directora de la I.E. 40122 Manuel Scorza Torres, Rita Quispe Sarmiento, denunció que el colegio de Cerro Juli cumplió 64 años con aulas deterioradas, ambientes inhabitables y un proyecto de reconstrucción que aún no logró financiamiento para atender a más de 500 estudiantes.

La Institución Educativa 40122 Manuel Scorza Torres, ubicada en Cerro Juli, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, cumplió 64 años de funcionamiento con una demanda pendiente: la reconstrucción de su infraestructura, esperada desde hace una década por la comunidad educativa.

La directora del plantel, Rita Quispe Sarmiento, denunció que el colegio contó con un proyecto elaborado y aprobado, pero sin presupuesto suficiente para iniciar la obra. Según explicó, la propuesta fue gestionada entre la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero y el Gobierno Regional de Arequipa, sin que hasta ahora se concrete su ejecución.

La autoridad educativa señaló que el proyecto demandaría aproximadamente S/ 13 millones. Indicó que la municipalidad habría contado con cerca de S/ 9 millones, por lo que se requirió apoyo del Gobierno Regional de Arequipa para completar el financiamiento y viabilizar la intervención.

La situación fue evidenciada en una de las aulas de primaria, correspondiente al quinto grado A, donde estudiaban 30 escolares. La directora sostuvo que el ambiente tuvo que ser desocupado por presentar humedad, moho en paredes y techos deteriorados, condiciones que consideró inadecuadas para la salud y el aprendizaje de los menores.

Los estudiantes de esa sección fueron trasladados al aula de innovación del nivel secundario para continuar sus clases. La medida permitió mantener el servicio educativo, pero redujo el uso de ese espacio pedagógico, especialmente en un plantel que funciona con jornada extendida hasta las 3:30 de la tarde.

De acuerdo con la directora, la institución atiende a unos 550 estudiantes de inicial, primaria y secundaria. Además, 90 escolares permanecieron en aulas prefabricadas, expuestos al calor, al frío y a la incomodidad de espacios reducidos, mientras la comunidad siguió esperando una solución definitiva.

Las aulas provisionales presentaron estructuras de madera, calamina y paredes deterioradas, lo que incrementó la preocupación de docentes y padres de familia por la seguridad de los estudiantes. Según la comunidad educativa, estos ambientes no solo resultaron incómodos durante los cambios de clima, sino que también evidenciaron un deterioro que podría representar riesgo durante la jornada escolar.

A ello se sumó la presencia de cables y circuitos eléctricos expuestos en algunos sectores, situación que generó alarma porque los escolares podrían tener contacto accidental con conexiones ubicadas dentro o cerca de los ambientes de clase. Para la dirección y la Apafa, estas condiciones reforzaron la urgencia de reconstruir el colegio y dejar de depender de aulas improvisadas.

La presidenta de la Apafa, Herlinda Portugal Mejía, cuestionó que algunas aulas utilizadas por los escolares hayan sido implementadas con aportes de los padres de familia y no por intervención directa de las autoridades. Señaló que los ambientes son estrechos y no ofrecen condiciones adecuadas para la movilidad ni el desarrollo normal de las clases.

El alcalde escolar, Jonathan Yuber Chille Quispe, también expresó el malestar de los estudiantes. Indicó que varias promociones pasaron por los mismos ambientes deteriorados y pidió a las autoridades municipales y regionales invertir en la infraestructura que, según afirmó, la comunidad educativa reclamó durante años.

La directora invocó además a empresas privadas a interesarse en la obra bajo la modalidad de Obras por Impuestos, mecanismo que permitiría ejecutar inversión pública con participación del sector privado. Sin embargo, advirtió que el avance dependía de que las autoridades ordenen el proyecto, definan responsabilidades y aseguren su financiamiento.

El caso del Manuel Scorza Torres expuso una brecha crítica en infraestructura educativa dentro de Arequipa. Mientras no se concrete la reconstrucción, cientos de escolares de Cerro Juli seguirán estudiando en ambientes deteriorados o provisionales, pese a que el derecho a una educación segura depende también de aulas dignas, funcionales y libres de riesgos.