Por Rocío Velazco C.

El conflicto de límites entre Moquegua y Tacna por el sector de Quebrada Honda ha reactivado las tensiones en el sur del país y abierto un nuevo debate sobre los procedimientos de demarcación territorial en el Perú. En medio de cuestionamientos al Proyecto de Ley N.° 11658, que según autoridades moqueguanas habría sido aprobado sin consulta técnica ni participación de la región, la gobernadora regional de Moquegua sostiene que se trata de una decisión centralista que vulnera la legalidad y el debido proceso administrativo.

En entrevista con El Pueblo, Gilia Gutiérrez Ayala, gobernadora regional de Moquegua, expone los argumentos técnicos, históricos y legales de su posición, así como las acciones judiciales y políticas que su gestión viene impulsando.

Gobernadora, ¿cuáles son los argumentos técnicos, históricos y legales que sustentan la posición de Moquegua respecto al conflicto de límites con Tacna, y por qué considera que la ley aprobada perjudica a su región?

-Primero debo ser enfática: nuestra posición es la defensa de la legalidad, el territorio y la paz social.
El sector de Quebrada Honda ha sido históricamente parte del distrito de Torata, en Moquegua, y contamos con sustento técnico que lo respalda. El Proyecto de Ley N.° 11658 aprobado por el Congreso nos perjudica, pues es una norma elaborada sin consulta a nuestra región, pese a que advertimos estos errores desde el año pasado.

El problema central es que se utilizó un procedimiento de saneamiento de límites distritales para imponer límites interdepartamentales no establecidos por ley. Esto constituye un recorte arbitrario del territorio de Moquegua.

Los informes técnicos evidencian que se han incluido zonas de la Quebrada Honda y la represa del mismo nombre, históricamente administradas por Moquegua. Además, la SDOT de la PCM no advirtió este error, vulnerando la Ley N.° 27795 y el debido procedimiento.

¿Qué acciones concretas emprenderá el Gobierno Regional de Moquegua para revertir esta situación? ¿Se priorizará la vía judicial, el diálogo político o ambas?

-Estamos actuando en ambos frentes. En la vía judicial, la Procuraduría ya presentó una demanda de amparo que fue admitida, y no descartamos acudir al Tribunal Constitucional.
En el plano político, este martes estaremos en el Congreso junto a alcaldes y sociedad civil para exigir que la autógrafa sea enviada al Ejecutivo y observada.
El diálogo es prioritario, pero también la defensa firme de nuestro territorio dentro del Estado de derecho.

Desde Tacna se sostiene que la norma brinda seguridad jurídica para futuras inversiones. ¿Qué responde a ese argumento y cómo evitar que esta controversia afecte el desarrollo económico del sur?

-La seguridad jurídica no puede basarse en una decisión injusta o en el despojo territorial. Ninguna inversión será sostenible si nace de una norma cuestionada.
No fuimos convocados a revisar el proyecto, pese a solicitarlo reiteradamente.
Mientras existan procesos judiciales y observaciones técnicas, habrá incertidumbre. Moquegua apuesta por inversiones, pero sobre bases legales sólidas.

Este conflicto ha generado protestas y tensión entre dos regiones vecinas. ¿Cómo evitar que la población de Moquegua y Tacna termine enfrentándose por una decisión adoptada desde Lima?

-No es un conflicto entre pueblos. Moquegua y Tacna comparten historia y vínculos. La discrepancia es estrictamente técnica y legal. La tensión no nace de la población, sino de decisiones tomadas sin respetar los procedimientos de demarcación.

Invoco a la calma y confío en que las autoridades nacionales resolverán esto por la vía institucional.

¿No cree que las regiones del sur deberían construir una agenda común más allá de los límites territoriales? ¿Qué iniciativas propondría?

-Defender el territorio no es incompatible con una agenda común. Pero la integración no puede construirse sobre conflictos abiertos.
Primero debe resolverse este tema por la vía legal. Luego podremos impulsar juntos infraestructura, salud, educación y conectividad en el sur. Las discrepancias no deben impedir la cooperación regional.

En varias oportunidades se ha hablado de una macrorregión sur. ¿Sigue vigente esa propuesta o ha quedado relegada por conflictos políticos y territoriales?

-La integración del sur sigue siendo una necesidad estratégica, pero se debilita cuando el Estado actúa sin diálogo regional.
Moquegua mantiene vocación integradora, pero no se puede avanzar si se imponen demarcaciones sin sustento técnico.
La unidad solo será posible si se respeta la legalidad y la historia de los pueblos.

¿Qué mensaje enviaría a las autoridades y población de Tacna para evitar que este diferendo escale a un conflicto social?

-Mi respeto y afecto al pueblo de Tacna. No buscamos confrontación ni afectar su desarrollo.
Defendemos el respeto al procedimiento legal del Estado peruano. Confiamos en que las instancias competentes resolverán esta controversia. Invoco a evitar enfrentamientos y priorizar el diálogo.

¿El Estado necesita reformar el sistema de demarcación territorial para evitar nuevos conflictos?
-Sí, es urgente. No se pueden definir límites desde Lima sin presencia técnica en el territorio.
Esto genera conflictos evitables. Se debe fortalecer la SDOT y mejorar la transparencia y participación en estos procesos.

¿Cómo evalúa la relación entre el Gobierno central y las regiones? ¿Existe una verdadera descentralización?
-La descentralización aún es incompleta. Muchas decisiones siguen concentradas en Lima.
Es necesario fortalecer la participación regional y respetar competencias, para lograr un Estado más eficiente y cercano a la ciudadanía.

¿Cuál debería ser la prioridad del próximo gobierno para fortalecer la confianza ciudadana y el desarrollo del sur?
-La prioridad debe ser recuperar la confianza en las instituciones, con reglas claras y una descentralización real. Se deben cerrar brechas en infraestructura, salud y educación, y promover inversiones estratégicas.

El sur necesita ser escuchado y participar en las decisiones nacionales.“Moquegua agotó todas las vías institucionales antes de la aprobación de la ley. No podemos avalar un proceso en el que no hemos participado. No hay conflicto con Tacna ni con su población, sino una discrepancia jurídica sobre el procedimiento del Estado”, agregó Gutiérrez Ayala.

¿Se avecina un nuevo moqueguazo?

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, anunció el inicio de un paro indefinido desde el martes 30 de junio en rechazo al proyecto de ley N.° 11658, aprobado por el Congreso, el cual plantea la modificación de límites territoriales entre las regiones de Moquegua y Tacna. La autoridad regional advirtió que esta medida de protesta será impulsada junto con la sociedad civil, que ha decidido radicalizar sus acciones en defensa del territorio moqueguano.

Gutiérrez señaló que la eventual promulgación de la norma por parte del Poder Ejecutivo podría desencadenar un conflicto social de gran magnitud en el sur del país. En ese sentido, exhortó al presidente de la República a observar la ley para que regrese al Parlamento y sea revisada, con el objetivo de evitar una escalada de tensiones.

Sostuvo que detrás del proyecto existirían intereses económicos vinculados al futuro canon minero, asociado a la posible ampliación de operaciones de la empresa Southern Perú. Según indicó, desde hace años se vienen registrando controversias por la cercanía de actividades mineras en zonas limítrofes con Moquegua, lo que alimenta las disputas territoriales.

Como alternativa, Gutiérrez propuso la conformación de un grupo de trabajo integrado por representantes de Moquegua y Tacna, que permita definir de manera técnica y consensuada los límites entre ambas regiones. Asimismo, informó que junto a alcaldes moqueguanos viajará al Congreso para solicitar una reunión con el presidente del Parlamento y exigir celeridad en el trámite del proyecto.

La autoridad regional advirtió además sobre la posibilidad de un nuevo “Moqueguazo”, en referencia a protestas sociales anteriores en la región, señalando que la población no cederá en la defensa de su territorio y recursos naturales. Finalmente, reiteró que la aprobación de la norma sin consenso podría generar un conflicto social que “escale en el sur del país”, afectando la gobernabilidad y la paz social en un contexto de transición política nacional.