Por Carlos Meneses

La ciudadanía ya no espera nuevos anuncios ni fechas tentativas. Espera resultados. Porque mientras los expedientes siguen su curso, las víctimas de la delincuencia siguen aumentando. Y esa es una factura que ninguna gestión debería permitirse pagar.

La inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los arequipeños. Robos, asaltos, extorsiones y hechos de violencia son parte de una realidad que se agrava cada semana, mientras la respuesta de las autoridades continúa marcada por los retrasos y la falta de capacidad para ejecutar decisiones oportunas. El mejor ejemplo es la postergada compra de los patrulleros destinados a reforzar la seguridad en la región.

La adquisición de 100 patrulleros fue presentada como una de las inversiones más importantes para fortalecer el trabajo de la Policía Nacional en Arequipa. Sin embargo, el proceso ha acumulado demoras que han impedido que las unidades estén al servicio de la ciudadanía cuando más se necesitan. Ahora se anuncia que llegarían en agosto, pero incluso entonces las unidades operarían con limitaciones en los sistemas de comunicación, un aspecto esencial para la labor policial.

Cada mes de retraso tiene consecuencias. Mientras los trámites administrativos avanzan lentamente, los delincuentes no esperan. La criminalidad se adapta, se organiza y gana terreno en una ciudad donde muchas comisarías continúan operando con vehículos antiguos, en mal estado o insuficientes para cubrir amplios sectores urbanos y rurales.

Lo más preocupante es que este problema era previsible. La necesidad de renovar el parque automotor policial no surgió de un día para otro. Desde hace años se conoce el desgaste de las unidades y las limitaciones logísticas que enfrenta la Región Policial Arequipa. Pese a ello, la gestión del Gobierno Regional no logró ejecutar el proceso con la celeridad que una emergencia en seguridad demandaba.

La seguridad ciudadana no admite improvisaciones ni cronogramas que se incumplen. Cada retraso reduce la capacidad de patrullaje, limita la respuesta ante emergencias y debilita la presencia policial en las calles. La ciudadanía termina pagando las consecuencias de una gestión que no ha logrado convertir los recursos disponibles en soluciones concretas.

A ello se suma una realidad igualmente preocupante: un patrullero moderno, por sí solo, no resolverá el problema de la inseguridad. Sin sistemas de comunicación eficientes, mantenimiento garantizado, combustible, personal suficiente y una estrategia integral contra el delito, la inversión corre el riesgo de quedarse a medio camino.

El Gobierno Regional debe asumir su responsabilidad. La compra de patrulleros fue anunciada como una prioridad y, precisamente por ello, debió ejecutarse con mayor eficiencia. Los recursos públicos existen; lo que ha faltado es capacidad de gestión para responder a una demanda urgente de la población.

Arequipa necesita autoridades que comprendan que la seguridad no puede seguir condicionada por expedientes demorados o procesos administrativos interminables. Cada día que pasa sin los patrulleros prometidos es un día más en el que la delincuencia mantiene la iniciativa.