Ante la alerta preventiva por el Fenómeno de El Niño, la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito en Arequipa mantiene en evaluación el cumplimiento de los planes de prevención y respuesta ante desastres en gobiernos locales. El seguimiento alcanza a aproximadamente 29 distritos y forma parte de un trabajo preventivo que se extenderá hasta fin de año. El incumplimiento podría significar responsabilidades penales si se comprueben omisiones en el ejercicio de funciones.

La fiscal provincial de Prevención del Delito, Ana Cecilia Cordero Echenique, precisó que los gobiernos están obligados a contar con dos instrumentos de gestión: un plan de prevención de riesgos, con vigencia de tres años, y un plan de gestión reactiva orientado a la atención inmediata de diferentes tipos de emergencia. “Durante la emergencia [de inicios de año] tuvimos problemas de coordinación entre la autoridad regional y la provincial. No se puede trabajar cada uno por su lado, tienen que juntarse y tener un comando unificado. Esto se logra con planificación”, señaló.

En esa línea, advirtió que la evaluación por parte del Ministerio Público no se limita a la existencia formal de los planes, sino a su implementación efectiva por parte de los diferentes niveles de gobierno y a la capacidad real de respuesta ante emergencias. En escenarios de riesgo, la coordinación interinstitucional resulta clave, ya sea mediante la activación de un sistema de comando de incidentes con participación de autoridades locales y regionales, generalmente bajo liderazgo del Gobierno Regional de Arequipa.

Cordero Echenique alertó también que la rotación constante de funcionarios en áreas de defensa civil debilita la continuidad de la gestión del riesgo, pese a las capacitaciones que brindan entidades como INDECI. Motivo por el cual instó a las autoridades distritales, provinciales y regionales a mantener continuidad, lo que se traducirá en mayor capacidad para afrontar incidencias climáticas como las ya registradas a inicios del 2026.

Finalmente, indicó que, de no evidenciarse avances en la implementación de los planes hacia fin de año, los casos podrían ser derivados a la Fiscalía Penal para el inicio de investigaciones. El incumplimiento de funciones en materia de prevención podría configurar el delito de abuso de autoridad por omisión de funciones, en caso se acrediten los elementos correspondientes durante la evaluación en curso.