​El pasaje diferenciado para estudiantes de educación superior es un derecho amparado por ley y los transportistas están obligados a cumplirlo, según enfatizó Augusto Santillana Tito, jefe de asesoría legal de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). El funcionario remarcó que las empresas concesionarias del servicio público no pueden ignorar esta normativa y deben respetar la tarifa correspondiente a la mitad del pasaje adulto. Las tarifas son; S/ 1.30 adulto, S/ 0.70 medio y S/ 0.50 escolar.

​Sin embargo, el asesor legal reconoció que el marco normativo actual presenta serios desfases debido a su antigüedad. Santillana señaló que la ley vigente no ha recibido las actualizaciones necesarias para responder a las demandas actuales, careciendo de apertura hacia tecnologías emergentes como la electromovilidad o la validación de formatos más modernos para los usuarios.

​Ante la falta de documentos físicos que reportan los alumnos, el funcionario cuestionó la inacción de los estudiantes de institutos superiores de la ciudad respecto a la obtención de sus credenciales. Aseguró que el retraso en la entrega no es responsabilidad del municipio, por lo que instó a los jóvenes a evaluar estrategias de protesta frente a las entidades competentes a nivel nacional.

​»El nivel superior, el que les tiene que dar el carné, es la Sunedu o el Ministerio de Educación. Creo que estas entidades quedan en Lima. Yo no sé cómo ustedes tendrán que coordinar con los estudiantes de Lima; el problema se tiene que ver desde todo el punto de vista nacional», afirmó Santillana, durante una reunión con los estudiantes afectados.

​Una vez que cuenten con el documento regulatorio, el pasaje estudiantil debe fijarse en 70 céntimos en las unidades de transporte urbano. El jefe de asesoría legal instó a los usuarios a reclamar activamente si los choferes o cobradores se niegan a aplicar el beneficio, recomendando juntar medios probatorios indispensables como filmaciones, fotografías y grabaciones de audio durante el incidente.

​Con dichas pruebas, los afectados deben acudir a la Municipalidad Provincial de Arequipa, entidad que posee la competencia directa para iniciar procesos disciplinarios y sancionadores contra las empresas operadoras. Santillana recordó que los transportistas trabajan bajo una concesión otorgada por la comuna, la cual estipula la fiscalización estricta ante el incumplimiento de las tarifas contractuales.

​Además de la vía municipal, el funcionario recordó que existen otros tres canales legales para salvaguardar sus derechos como consumidores de un servicio público. Los estudiantes pueden canalizar sus denuncias —incluso de forma verbal— ante el Indecopi para la aplicación de multas, acudir a la Defensoría del Pueblo para recibir apoyo institucional, o recurrir a la Fiscalía de Prevención del Delito.

​Augusto Santillana adelantó que, junto a la alcaldesa, buscarán canalizar una iniciativa legislativa aprovechando el próximo cambio de autoridades en el Congreso bicameral (diputados y senadores). El objetivo será modificar la ley actual para adaptarla a la modernidad e inclusión, permitiendo formalmente el uso de herramientas tecnológicas como el carné universitario digital, el cual actualmente no está validado por la norma física vigente.