Por Carlos Meneses

Arequipa no puede esperar a que la extorsión alcance los niveles observados en otras regiones para actuar con firmeza. La prevención siempre será menos costosa que enfrentar un problema ya consolidado. La seguridad ciudadana no admite improvisaciones ni respuestas aisladas. Proteger a quienes generan empleo, invierten y emprenden es defender el desarrollo de la región y preservar la tranquilidad que los arequipeños demandan y merecen.

Durante años se creyó que la extorsión era un delito concentrado principalmente en Lima y en algunas regiones del norte del país. Sin embargo, esa percepción ha quedado atrás. Hoy, las organizaciones criminales amplían su radio de acción y regiones como Arequipa comienzan a experimentar una realidad que hasta hace poco parecía lejana: amenazas contra comerciantes, atentados a negocios, cobro de cupos y hechos de violencia cada vez más frecuentes.

Las cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público son contundentes. Más de 12 mil denuncias por extorsión y chantaje en apenas seis meses reflejan que este delito mantiene una preocupante tendencia al alza. Si bien Arequipa no figura entre las jurisdicciones con mayor número de casos, ello no significa que esté libre del problema. Por el contrario, los hechos registrados durante los últimos meses evidencian que la delincuencia organizada también ha encontrado espacio para operar en la región.

Los ataques a establecimientos comerciales, las amenazas a empresarios y transportistas, así como el reciente asalto armado ocurrido en Majes, constituyen señales que no deben minimizarse. La experiencia de otras regiones demuestra que cuando la respuesta del Estado llega tarde, las organizaciones criminales logran consolidarse, extender sus redes y convertir la extorsión en una actividad permanente que afecta la economía y la tranquilidad de la población.

La principal preocupación radica en que este delito suele evolucionar rápidamente. Comienza con llamadas intimidatorias o mensajes anónimos y, cuando las víctimas se resisten a pagar, puede derivar en atentados con explosivos, incendios o ataques armados. Ese patrón ya se ha observado en distintas ciudades del país y existen indicios de que empieza a repetirse en Arequipa.

Frente a esta realidad, no basta con incrementar el número de patrullajes o reaccionar después de cada atentado. Se requiere una estrategia integral basada en inteligencia policial, investigación criminal y coordinación permanente entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Desarticular las organizaciones que financian y ejecutan estos delitos debe convertirse en una prioridad.

Asimismo, es indispensable fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Muchas víctimas prefieren guardar silencio por temor a represalias o porque consideran que denunciar no producirá resultados. Ese círculo de miedo solo favorece a los delincuentes y dificulta las investigaciones. Garantizar mecanismos de protección para quienes denuncian resulta tan importante como capturar a los responsables.

Los gobiernos regionales y municipales también tienen responsabilidades en materia de prevención. Mejor iluminación, videovigilancia, recuperación de espacios públicos y apoyo a las juntas vecinales son herramientas que complementan el trabajo policial y contribuyen a reducir las oportunidades para el delito.