Por Jorge Turpo R.

La gestión del alcalde, Richard Ale Cruz, sostiene que el EIA de Southern venció y debió elaborar un nuevo estudio. La empresa indica que no hubo tal caducidad porque hicieron trabajos antes de que concluya el plazo de vigencia.

CONSEJO DE MINERÍA DEBE PRONUNCIARSE

La Municipalidad Provincial de Islay emprendió un nuevo intento por detener el avance del proyecto minero Tía María. La gestión del alcalde Richard Ale Cruz presentó un recurso de revisión ante el Consejo de Minería con el objetivo de que se declare la nulidad de la autorización otorgada a la empresa Southern Perú para iniciar las actividades de explotación del yacimiento cuprífero, cuya inversión supera los 1 800 millones de dólares.

El caso vuelve a colocar en el centro del debate uno de los proyectos mineros más importantes del país. Mientras la comuna sostiene que existen incumplimientos en los plazos de los estudios ambientales y administrativos que invalidan la autorización, la empresa afirma que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la legislación peruana y que las entidades competentes ya han ratificado la validez de sus permisos.

El Consejo de Minería, órgano autónomo adscrito al Ministerio de Energía y Minas, deberá resolver en los próximos días el recurso presentado por la municipalidad contra la Resolución Directoral N.° 194-2026, emitida por la Dirección General de Minería, mediante la cual se autorizó nuevamente el inicio de la etapa de explotación del proyecto.

La principal observación de la comuna se centra en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) detallado de Tía María, aprobado en 2014.

Según la posición municipal, dicho instrumento perdió vigencia en agosto de 2019 porque la normativa establece una duración máxima de cinco años, compuesta por un período inicial de tres años prorrogable por dos adicionales.

Bajo ese argumento, sostiene que Southern Perú debió elaborar y presentar un nuevo estudio ambiental antes de solicitar la autorización para iniciar la explotación.

La municipalidad también cuestiona que la empresa no habría acreditado oportunamente los permisos de uso de agua necesarios para la ejecución del proyecto y señala que la línea de base ambiental contenida en el EIA ya no reflejaría las condiciones actuales de la zona de influencia.

Estos argumentos fueron expuestos durante la audiencia pública realizada hace unos días en el Consejo de Minería. En representación de la comuna participó la abogada Elena Vela Ramos, quien insistió en que la supuesta pérdida de vigencia del estudio ambiental impedía utilizar Informes Técnicos Sustentatorios para mantener la certificación ambiental del proyecto.

La abogada sostuvo además que existirían evidencias de trabajos de desbroce y nivelación de terrenos efectuados por la empresa sin haber presentado previamente un informe complementario de evaluación de flora y fauna, documento que —según indicó— era una condición establecida en la resolución que aprobó el EIA.

Desde esa perspectiva, afirmó que el inicio de las obras no cumpliría con las exigencias fijadas en la certificación ambiental.

Southern Perú rechazó cada uno de esos cuestionamientos. El abogado de la empresa, José Tong González, argumentó que el EIA mantiene plena vigencia debido a que la compañía comunicó al Ministerio de Energía y Minas, en julio de 2019 y antes del vencimiento del plazo, el inicio de la ejecución de las actividades autorizadas.

Explicó que en esa etapa comenzaron trabajos como la instalación de plataformas eléctricas y estaciones de monitoreo ambiental, entre otras labores contempladas en el proyecto. Afirmó que esas actividades acreditan el inicio de la ejecución dentro del período de vigencia del EIA, por lo que este no caducó.

Tong añadió que esta interpretación ya fue reconocida por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la propia Dirección General de Minería.

El representante legal reconoció que algunas actividades fueron suspendidas debido a circunstancias de fuerza mayor relacionadas con el conflicto social que rodeó al proyecto. Aun así, sostuvo que la empresa nunca perdió el control de los terrenos ni dejó de desarrollar las acciones permitidas por la certificación ambiental.

Asimismo, indicó que la Dirección General de Minería verificó el cumplimiento de todos los requisitos para otorgar la autorización de explotación, entre ellos la titularidad de las concesiones, la disponibilidad de los terrenos superficiales, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos y las demás exigencias previstas en la normativa minera.

El pronunciamiento del Consejo de Minería será seguido con atención debido a que no es la primera vez que interviene en este proceso.

A inicios de abril, ese mismo organismo declaró la nulidad de la autorización de explotación otorgada en 2025 a Southern Perú al considerar que la Dirección General de Minería no había evaluado adecuadamente el levantamiento de observaciones relacionadas con el diseño de los botaderos de la futura mina.

Tras corregirse ese procedimiento, la empresa presentó una nueva solicitud que fue nuevamente aprobada mediante la Resolución Directoral N.° 194-2026. Esa decisión es precisamente la que ahora vuelve a ser cuestionada por la Municipalidad Provincial de Islay.

Mientras se espera la decisión administrativa, el proyecto continúa mostrando avances en campo. En la zona, cercana al El Fiscal, en plena Panamericana Sur, ya es visible el acceso al campamento en construcción. También se observa movimiento de personal y ejecución de trabajos preliminares. Paralelamente, Southern Perú ha comprometido la emisión de bonos para asegurar el financiamiento de la inversión.

La nueva ofensiva legal confirma que la disputa por Tía María está lejos de terminar. Para el alcalde Richard Ale Cruz, quien históricamente ha expresado su rechazo al proyecto, el proceso administrativo representa una nueva oportunidad para cuestionar su viabilidad.

RESALTAR

Para Southern Perú, en cambio, se trata de defender una autorización que considera obtenida conforme a la ley y respaldada por las principales autoridades técnicas del sector.

Ahora será el Consejo de Minería el que tendrá la última palabra sobre este nuevo capítulo del prolongado conflicto.