Por: Daniela Nickole Santander

Cuestionan que dicha norma excluye a autodidactas y ponga en riesgo la libertad de creación.

La música que escuchamos camino al trabajo, las pinturas que disfrutamos en una exposición local, las obras de teatro que nos conmueven o las películas que nos hacen reflexionar el fin de semana; el arte, en todas sus formas, es el pulso vivo de nuestra cotidianidad. Sin embargo, la libertad de quienes crean ese entorno cultural hoy se encuentra bajo la lupa. La reciente promulgación de la Ley N.° 32645, que establece la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú, ha desatado una ola de indignación y preocupación en el sector. Lo que desde el papel legislativo se plantea como un intento de formalización, es percibido por los propios creadores como una herramienta burocrática, excluyente y con un alarmante trasfondo de control político e ideológico.

Las principales críticas de la comunidad artística se concentran en dos frentes urgentes: la obligatoriedad de contar con un título profesional para ejercer en un rubro históricamente marcado por el aprendizaje empírico y popular, y las facultades otorgadas a la nueva institución para «supervisar» e intervenir en las creaciones artísticas. Uno de los aspectos más cuestionados de la norma es la exigencia de un título profesional o de licenciatura para colegiarse y laborar formalmente. Desde la perspectiva de las organizaciones culturales en las regiones, esta medida desconoce por completo la realidad del país.

Hugo Riveros, director de Umbral Centro Cultural, explica de forma sencilla el problema de fondo. «El artista en el Perú, por lo general, no se ha preparado en aulas académicas, sino que ha recogido una gran cantidad de saberes, muchas veces ancestrales, para plasmarlos en su obra. Además, en la gran mayoría de ciudades del Perú ni siquiera existen escuelas oficiales de arte. Esta ley está completamente desconectada de la realidad regional y de la propia naturaleza del trabajo artístico» declara.

En esa misma línea, la artista plástica y fundadora del Colectivo Samo, Yurema Rodríguez recalca que, si bien la formación académica es valiosa, no puede convertirse en un requisito para trabajar. «El arte siempre ha sido un espacio diverso, donde conviven personas formadas en universidades con artistas autodidactas e independientes. Me preocupa que esta ley genere más barreras que oportunidades» explica.

Por su parte, la actriz, guionista y directora cinematográfica Key Campos califica la ley de «absurda», enfatizando que el valor artístico proviene de intangibles y no de un cartón. «Esta ley traerá problemas en la valía de muchos artistas. Considero que muchas personas van a elegir otros caminos y perderemos talentos que aportan enormemente a nuestra riqueza cultural», puntualiza la artista.

Desde la trinchera de la música independiente, Coco Herrera, baterista de reconocidas bandas de rock como Distorsión, Comfuzztible y Los Austin, además de encargado de Cine y Audiovisuales en el Centro Cultural de la UNSA, expresa su absoluto rechazo. «Como músico con más de 50 años en el rock, considero que esta ley es un despropósito. La música independiente se ha construido con pasión, rebeldía y autogestión en los escenarios, no en escritorios. Que el Estado pretenda imponer un filtro legal para validar quién es artista y quién no, es una falta de respeto a nuestra historia. Un cartón universitario no otorga el talento ni la trayectoria; esta norma solo crea una división artificial y elitista» expone con firmeza. El artículo 2 de la norma otorga al Colegio la potestad de «ordenar y supervisar el ejercicio profesional de las disciplinas artísticas», un punto que encendió de inmediato las alarmas sobre el riesgo de censura.

«Es ilógico tratar una profesión donde no hay reglas estrictas sobre cómo el artista debe o no realizar su trabajo, a diferencia de carreras como la salud o el derecho. Con esto se corre el riesgo de censurar todo tipo de expresión, sobre todo de quienes no tienen títulos» critica por su parte el artista visual Leonardo Zapata.

A su vez, la artista plástica y educadora Clara Best Núñez cuestiona el poder de interpretación que tendrá la directiva del nuevo colegio: «Dentro de lo más controversial está el regular las creaciones, pudiendo censurar y tomar acciones contra los creadores. Todo dependerá de quiénes dirijan la institución. Yo me pregunto: ¿en qué democracia se regula a los artistas y a su arte?»

«A lo largo de la historia en el mundo entero, el arte jamás ha sido fiscalizado. El único filtro o ‘control’ real que existe sobre una obra es el del propio público o cliente que la elige libremente. Pretender que el Estado controle qué se presenta o qué es arte destruye la libertad de expresión que lo caracteriza», enfatiza Hugo Riveros en cuanto a esta pretensión de control.

El director de teatro Jota Mirman coincide en que se trata de un mecanismo de freno a las propuestas críticas: «El Colegio de Artistas parece una herramienta disfrazada para limitar y frenar una expresión que debe ser libre y confrontativa. El arte está hecho para mostrar realidades que a veces incomodan o que no queremos ver». Otro reclamo generalizado es que la norma se elaboró en los despachos del Congreso sin escuchar a los gremios ni a las comunidades creativas. «Esta ley limita qué es arte y qué no es. Lo que claramente no ha tenido es una conversación previa con este tipo de espacios culturales», lamenta el joven actor Eduardo Agüedo, quien no hace mucho empezó en el mundo del arte y no piensa dejarlo.

Además del debate ideológico, existe una preocupación pragmática sobre los costos que implicaría esta medida. «Nos preocupa que en el futuro se exijan colegiaturas obligatorias para tocar, grabar o firmar contratos. Esto solo sumará costos, multas y papeleos innecesarios, ahogando los conciertos en vivo y las producciones independientes que ya de por sí trabajan contracorriente», advierte Coco Herrera.

De otro lado, la norma va en contra de los lineamientos de la Política Nacional de Cultura al 2030, documento oficial que garantiza el derecho a la creación sin importar los grados académicos. También se cuestiona que la ley incluya disposiciones que restringen quiénes pueden integrar las comisiones organizadoras, lo que para centros culturales como Umbral representa un manejo centralista y sujeto a intereses políticos coyunturales.

¿QUÉ NECESITA REALMENTE EL ARTE EN EL PERÚ?
Lejos de un ente fiscalizador, los voceros exigen fomento, descentralización y financiamiento real. Para Key Campos, la clave es el presupuesto descentralizado: «Más que un colegio, se necesitan presupuestos para su creación y preservación». Por su parte, Hugo Riveros enfatiza el potencial económico del sector y el rol que debería asumir el Gobierno: «La labor del Estado debe ser el estímulo y la gestión. Necesitamos presupuestos reales y desembolsables, no trabas».
Coco Herrera apunta a la protección social y el apoyo a la escena independiente: «El arte necesita políticas de fomento y un registro inclusivo que garantice salud y pensiones dignas. Requerimos más fondos concursables y menos trabas e impuestos municipales».

Ante este panorama, la comunidad artística se mantiene en alerta. Colectivos, centros culturales y gestores independientes exigen de manera unánime al Congreso y al Ministerio de Cultura la derogación de la Ley N.° 32645, defendiendo que el arte peruano debe seguir siendo un espacio abierto, incluyente y radicalmente libre.