Por Carlos Meneses

Porque una obra pública no se mide por la ceremonia de inicio ni por el discurso de una autoridad. Se mide cuando abre sus puertas, cuando funciona y cuando finalmente mejora la vida de la población. El país ya tiene suficientes promesas. Ahora necesita resultados.

El anuncio del Gobierno de que existen alrededor de 2 200 obras pendientes de culminación debería ser, más que una cifra para un discurso, una señal de alarma sobre la forma en que el Estado ha venido administrando los recursos públicos. Cada obra paralizada representa dinero comprometido, plazos incumplidos y, sobre todo, ciudadanos que continúan esperando servicios que debieron recibir hace años.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, ha planteado que la prioridad debe ser terminar las obras inconclusas antes de comprometer recursos en nuevos proyectos. La afirmación es razonable y necesaria, pero no basta con decirlo. El país está cansado de anuncios que generan titulares y expectativas, pero que no llegan a convertirse en infraestructura útil.

Hospitales, puentes, carreteras y sistemas de servicios básicos no pueden permanecer abandonados mientras las autoridades presentan nuevos megaproyectos como si los anteriores ya estuvieran resueltos. Antes de colocar nuevas primeras piedras, el Gobierno debería explicar qué hará con cada obra paralizada, cuánto dinero falta para concluirla, quién será responsable de ejecutarla y en qué fecha estará disponible para la población.

Arequipa conoce perfectamente esta realidad. Majes-Siguas II, hospitales paralizados y el proyecto del megapuerto de las Américas-Corío son presentados recurrentemente como grandes oportunidades para transformar la economía regional. Pueden serlo, pero no si permanecen en el terreno de los anuncios. La población necesita cronogramas, presupuesto asegurado, expedientes viables y responsables identificados.

También resulta positivo que el Ejecutivo busque atraer inversión privada y dialogue con empresarios interesados en infraestructura. Sin embargo, una reunión en Miami no construye un hospital, no termina un puente ni genera por sí sola un puesto de trabajo. La promoción de inversiones debe estar acompañada de decisiones concretas y mecanismos de seguimiento que permitan comprobar resultados.

El problema no es anunciar nuevas obras. El problema es hacerlo mientras miles de proyectos permanecen inconclusos y los ciudadanos aprenden a convivir con estructuras abandonadas, presupuestos que se incrementan y promesas que se postergan.

El Gobierno tiene una oportunidad para demostrar que esta vez la prioridad no será inaugurar más anuncios, sino terminar lo que ya empezó. Para ello necesita establecer una lista pública de obras prioritarias, fijar plazos verificables y rendir cuentas periódicamente sobre sus avances.