Por primera vez en el país, la producción de oro de origen ilegal habría superado a la producción formal durante un primer semestre. Así lo estima el Instituto Peruano de Economía (IPE), que advierte sobre el crecimiento de esta actividad y su impacto económico.

MOVIMIENTO SERÍA DE US$18.000 MILLONES

Entre enero y junio de 2026, la producción ilegal aumentó 19,4%, mientras que la extracción formal retrocedió 5,9%. La diferencia llegó a 8,7 toneladas a favor del oro de origen ilegal, según las estimaciones presentadas por el IPE.

Carlos Gallardo, gerente general del instituto, explicó que el cálculo se obtiene al comparar el oro que sale del país por los puertos con la producción declarada oficialmente por las empresas ante el Ministerio de Energía y Minas. La diferencia corresponde al mineral cuyo origen no puede ser sustentado mediante los registros oficiales.

Para el segundo semestre, el IPE proyecta que la producción ilegal podría alcanzar al menos 110 toneladas y superar incluso las 120 toneladas. En el escenario conservador, representaría entre 52% y 55% del oro exportado por el Perú.

El alto precio internacional del metal también estaría impulsando esta actividad. En lo que va del año, el oro registra un promedio cercano a US$4.500 por onza, 44% por encima del promedio del mismo periodo de 2025. Con estos niveles de producción y precios, el valor del oro ilegal exportado podría llegar a US$16.000 millones y superar los US$18.000 millones durante 2026.

El IPE también señala al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) como uno de los factores relacionados con el ingreso de mineral de origen ilegal a los circuitos formales. Según el instituto, solo alrededor del 2% de los inscritos habría culminado el proceso de formalización.

La minería ilegal tiene una fuerte presencia en regiones como Puno, La Libertad y Madre de Dios, aunque el fenómeno se ha extendido a otras zonas del país. El instituto advierte además sobre su impacto en áreas naturales protegidas, reservas indígenas y zonas arqueológicas.

El avance de esta actividad también genera riesgos para proyectos mineros formales. El IPE calcula que inversiones por más de US$12.000 millones estarían expuestas a la expansión de la minería ilegal.

Ante este escenario, plantea reforzar la trazabilidad del oro, utilizar información financiera y operativa para identificar toda la cadena de extracción y comercialización, y recuperar la presencia efectiva del Estado en las zonas afectadas.