Por Carlos Meneses

Arequipa no necesita otro elefante blanco. Necesita que los recursos públicos se conviertan, de una vez, en servicios que funcionen. Y mientras eso no ocurra, 2026 será otro año perdido sin el laboratorio de Criminalística que la Policía y la ciudadanía necesitan.

Más de S/30 millones ya fueron gastados en una infraestructura que permanece inconclusa desde 2024. Ahora, mientras las autoridades anuncian nuevos presupuestos y convenios para intentar terminarla, la Contraloría encuentra humedad, hongos, fisuras, tuberías expuestas, baldosas deterioradas y otros daños. El edificio todavía no ha sido inaugurado, pero ya necesita reparaciones.

Es difícil encontrar una imagen más clara del desperdicio de recursos públicos.

El proyecto fue convocado en 2020 con un valor referencial de S/35.28 millones y adjudicado por S/31.75 millones. Los trabajos comenzaron en diciembre de 2021 y debían concluir en junio de 2023. No ocurrió. En mayo de 2024, el Ministerio del Interior resolvió el contrato por incumplimientos vinculados al equipamiento especializado.

Desde entonces comenzó el conocido circuito de expedientes, modificaciones, convenios y nuevos presupuestos. En septiembre de 2024 se aprobó un expediente técnico de saldo de obra por S/6.42 millones. Después, el Gobierno Regional de Arequipa y el Ministerio del Interior suscribieron un convenio para culminar los trabajos y equipar el laboratorio. La gestión regional comprometió S/32 millones. Pero el dinero comprometido no se ha traducido en resultados.

La Contraloría advierte que desde mayo último no existe avance y que el cronograma no se viene cumpliendo. Mientras tanto, el costo total del proyecto llegó a S/59.24 millones al 10 de septiembre de 2026.

La pregunta es inevitable: ¿cómo puede una obra que aún no presta servicio costar cada vez más y, simultáneamente, deteriorarse?

La respuesta no puede limitarse a culpar al contratista de turno. Aquí debe existir responsabilidad institucional. El Ministerio del Interior contrató, supervisó y resolvió un contrato. El Gobierno Regional asumió posteriormente compromisos para culminar el proyecto. Y las entidades responsables deben explicar por qué una infraestructura destinada a fortalecer la investigación criminal permanece paralizada durante años.

Lo más preocupante es que no estamos hablando de una obra ornamental. Un laboratorio de Criminalística es infraestructura necesaria para realizar peritajes, analizar evidencias y apoyar investigaciones policiales. En una región que enfrenta problemas de inseguridad y delincuencia, tener este servicio paralizado durante años representa también una oportunidad perdida para mejorar la respuesta del Estado.

Las fotografías del informe de control deberían provocar algo más que un nuevo trámite administrativo. Muros con humedad, hongos, fisuras y materiales deteriorados son la evidencia visible de una gestión que no ha conseguido convertir una inversión millonaria en un servicio público operativo. El laboratorio todavía no abre sus puertas. Pero ya necesita reparaciones.

Ese debería ser el símbolo de alarma. No basta con anunciar otros millones para terminar una obra fallida. Se necesita determinar qué ocurrió, quiénes fueron responsables de las decisiones que llevaron a este punto y cuánto terminará pagando finalmente el Estado.