La Junta Nacional de Justicia (JNJ) solicitó al Ministerio Público ampliar y acelerar las investigaciones sobre presuntos cobros ilícitos atribuidos a funcionarias de la institución durante los procedimientos de selección y nombramiento de magistrados, luego de las denuncias difundidas por un medio de comunicación.

Mediante un pronunciamiento emitido este 28 de octubre, la entidad consideró indispensable que la Fiscalía profundice las diligencias para esclarecer los hechos denunciados, identificar a las personas involucradas y determinar el alcance de las presuntas irregularidades.

La JNJ exhortó al Ministerio Público a evaluar la ampliación de las actuaciones investigativas e impulsar oportunamente las medidas necesarias, en el marco de su autonomía constitucional y sus atribuciones legales.

Asimismo, el organismo, presidido por María Teresa Cabrera Vega, reafirmó su compromiso con la transparencia, la integridad institucional y la recuperación de la confianza ciudadana. En esa línea, reiteró su disposición de colaborar con las autoridades fiscales y proporcionar la información y documentación que le sean requeridas, dentro del ámbito de sus competencias.

La institución señaló que el esclarecimiento de los hechos permitirá determinar las responsabilidades individuales que correspondan y salvaguardar la legitimidad de las funciones constitucionales que tiene a su cargo.

La JNJ es un organismo constitucionalmente autónomo e independiente, sujeto a la Constitución, su ley orgánica y las demás normas aplicables. Entre sus principales funciones figuran el nombramiento, la evaluación, la ratificación y la sanción de jueces y fiscales, así como de las autoridades nacionales de control del Ministerio Público y del Poder Judicial.

También tiene competencia para nombrar y evaluar a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La investigación resulta relevante para la institucionalidad democrática, debido al papel que cumple la JNJ en la selección de magistrados y en el fortalecimiento de la administración de justicia. Las presuntas irregularidades deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.