El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, solicitó al Poder Ejecutivo que el Ministerio Público sea incorporado al Comando Unificado creado por el Gobierno para enfrentar la criminalidad organizada en el país. El pedido busca fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de combatir la inseguridad ciudadana.

Gálvez formuló esta solicitud durante el seminario internacional Seguridad ciudadana en el Perú: respuestas desde el Estado, el sector privado y la ciudadanía, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Durante su intervención, el titular del Ministerio Público señaló que el desborde de la inseguridad ciudadana constituye actualmente el principal problema del Estado. En ese contexto, consideró necesario articular las acciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y la Fiscalía para desarrollar una estrategia conjunta contra las organizaciones criminales.

El fiscal destacó la importancia de que la Policía y las Fuerzas Armadas realicen labores de inteligencia y contrainteligencia, con el propósito de prevenir posibles filtraciones que puedan perjudicar la ejecución de las estrategias de seguridad.

“En este Comando Unificado creado por el Ejecutivo, hemos solicitado que se incluya también al Ministerio Público”, manifestó Gálvez, al referirse a la necesidad de ampliar la participación institucional en este mecanismo.

Asimismo, el representante de la Fiscalía resaltó la creación del Comando Unificado, al considerar que permite establecer una estrategia articulada frente a las bandas criminales. Sin embargo, sostuvo que los esfuerzos de las instituciones estatales deben complementarse con la participación activa de la ciudadanía.

Gálvez exhortó a la población a mantener la confianza en las autoridades y en las acciones que se desarrollan para enfrentar la delincuencia organizada.

Según indicó, la lucha contra la criminalidad no debe limitarse a las entidades vinculadas con la administración de justicia, sino que requiere el compromiso del Estado, las instituciones civiles y la comunidad.

La propuesta de incorporar al Ministerio Público plantea reforzar la coordinación entre las labores operativas de seguridad y las funciones fiscales en la investigación de los delitos, dentro de las competencias legales de cada institución.