El Niño: la urgencia de gastar bien

Tomás Reto.

Economista del CPC

El Perú enfrenta un nuevo episodio del Fenómeno de El Niño (FEN), que presenta dos manifestaciones: El Niño costero, asociado al calentamiento anómalo del mar frente a Perú y Ecuador, y El Niño global, vinculado al calentamiento del Pacífico ecuatorial. Ambos pueden alterar las precipitaciones y temperaturas, aunque sus efectos varían según el territorio.

Según el Estudio de escenarios de riesgo por lluvias – verano 2027, elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) en setiembre de 2026 y presentado el 7 de octubre, existen 1 430 distritos a nivel nacional con riesgo alto o muy alto de movimientos en masa, como huaicos, deslizamientos y caídas de rocas, que pueden desencadenarse o agravarse por las lluvias. Asimismo, 526 distritos presentan riesgo alto o muy alto de inundaciones.

Arequipa tampoco está exenta de estos riesgos. CENEPRED identifica 86 distritos de la región con riesgo alto o muy alto de movimientos en masa, incluidos 17 con riesgo muy alto. Además, 17 distritos presentan riesgo alto o muy alto de inundaciones. Aunque la región registra una menor exposición que otros departamentos en determinados indicadores, alrededor de 320 mil personas y 114 mil viviendas se encuentran en zonas de mayor susceptibilidad a movimientos en masa.

En este contexto, la ejecución del gasto para enfrentar el FEN es fundamental. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 30 de octubre de 2026, se han ejecutado S/ 397 millones de los S/ 2 508 millones presupuestados a nivel nacional (15,8%). En Arequipa, la ejecución asciende a S/ 4,4 millones de un presupuesto de S/ 57 millones (7,7%). Como referencia, en 2023 el presupuesto nacional ascendió a S/ 4 105 millones, de los cuales se ejecutaron S/ 2 945 millones (71,7%). En Arequipa, se ejecutaron S/ 15,3 millones de los S/ 20,8 millones presupuestados (73,7%). Aunque las cifras de 2023 corresponden al cierre anual y no son directamente comparables con las de 2026, los niveles de ejecución actuales resaltan la importancia de acelerar las intervenciones preventivas antes de la temporada de lluvias.

Por su parte, el Congreso aprobó el 28 de octubre un proyecto de ley que autoriza créditos suplementarios por S/ 8 228 millones para 2026, de los cuales S/ 703 millones se destinarían a prevenir los efectos del FEN. El resto financiaría servicios esenciales, inversiones públicas y otras obligaciones del Estado. Adicionalmente, el Ejecutivo anunció un paquete de S/ 18 mil millones para 2027, que contempla S/ 13 mil millones para infraestructura educativa y culminación de obras paralizadas, S/ 2 mil millones para mantenimiento de infraestructura pública, S/ 2 500 millones para apoyar a familias vulnerables y S/ 500 millones para subsidios a combustibles. Este paquete también busca atender otros riesgos económicos.

Sin embargo, contar con mayores recursos no garantiza mejores resultados. El primer desafío será asegurar una ejecución oportuna, eficiente y transparente, priorizando intervenciones que reduzcan efectivamente los riesgos para la población, sin sacrificar la calidad de las obras ni los mecanismos de control.

El segundo desafío será avanzar de la atención de emergencias hacia la reconstrucción y la resiliencia. Dado que los fenómenos climáticos son recurrentes, las inversiones deben reducir la vulnerabilidad de viviendas, carreteras y demás infraestructura pública, evitando que los mismos daños vuelvan a repetirse.

Finalmente, la respuesta debe preservar la sostenibilidad fiscal. El Gobierno ha planteado elevar el límite de déficit fiscal para 2027 de 1,4% a 2,4% del PBI y postergar de 2028 a 2031 la convergencia hacia el 1% del PBI, modificaciones que requieren aprobación legislativa. Una emergencia puede justificar una flexibilización temporal de las reglas fiscales, pero esta debe responder a necesidades excepcionales y acompañarse de una trayectoria creíble de consolidación fiscal. No puede convertirse en una oportunidad para financiar incrementos permanentes de planillas u otros gastos corrientes ajenos a la emergencia y con escasa contribución a mejorar la provisión de bienes y servicios públicos.