Por Jorge Turpo R.

Testimonios recogidos por El Pueblo revelan amenazas contra reclusos y sus familiares, así como disputas por el control de los pabellones. El atentado en la garita el último domingo expone la gravedad de un problema que continúa sin respuestas claras de las autoridades.

INTERNOS DE TRUJILLO ENVÍAN CARTA A MINISTRO DE JUSTICIA

La detonación de un artefacto explosivo en la garita de control del penal de Socabaya ocurrida el último domingo revela mucho más que un ataque contra el personal de custodia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Detrás de la explosión que dejó dos personas heridas hay un problema que crece entre los muros del establecimiento penitenciario: las extorsiones, las amenazas y la disputa por el control de los pabellones.

El Pueblo accedió a información del interior del penal de varones de Socabaya que da cuenta de un enfrentamiento abierto, desde hace algunos meses, entre internos arequipeños, limeños y de nacionalidad venezolana.

Según estas versiones, los reclusos arequipeños son víctimas de extorsiones por parte de internos que les exigen el pago de cupos bajo amenazas de atentar contra sus familiares o contra los negocios que mantienen en la ciudad.

Las amenazas, de acuerdo con los testimonios recogidos, no se limitaron a intimidaciones dentro del recinto penitenciario. Uno de los internos, que manejaba un negocio en su vivienda, habría sufrido un atentado contra su casa. El mensaje era directo y ocurrió por la negativa a pagar los cupos. Es así que la violencia se trasladó del penal hasta las calles de Arequipa, donde viven sus familiares.

La presión desencadenó un enfrentamiento por el control interno. Los internos arequipeños lograron imponerse frente a los grupos señalados en estas versiones, pero la reacción de las autoridades penitenciarias fue aislar a algunos de ellos, según la información obtenida por este diario.

Después comenzaron las amenazas contra los visitantes. El último domingo, esa intimidación se tradujo en un atentado contra la garita de control, que dejó dos personas heridas, un agente de seguridad del INPE y una mujer que acudía al penal para visitar a un interno.

La explosión habría materializado las amenazas que circulaban en el establecimiento. Mientras tanto, las extorsiones continuarían al interior del penal, de acuerdo con los testimonios recogidos.

Desde el INPE se alertó sobre esta situación, pero no se han brindado mayores detalles que permitan conocer la dimensión del conflicto, las medidas adoptadas para frenar las amenazas o las responsabilidades detrás del ataque.

Familiares y personas vinculadas a algunos internos han expresado de manera anónima su preocupación por lo que ocurre desde hace meses. Hablan de una pugna por el poder y del cobro de cupos en un espacio que, en teoría, debería estar bajo el control del Estado.

El problema tiene un escenario especialmente preocupante. El penal de Socabaya fue construido para albergar a 650 internos y actualmente tiene más de 1 500 presos. La población penitenciaria supera ampliamente su capacidad, una condición que agrava las dificultades de control, vigilancia y seguridad.

El hacinamiento no explica por sí solo las extorsiones, pero configura un entorno donde las disputas y las amenazas encuentran terreno para expandirse.

EL MILAGRO

Lo ocurrido en Arequipa tampoco es un episodio aislado. En Trujillo, una carta manuscrita de internos del penal El Milagro, dirigida al ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, denunció presuntos cobros obligatorios a quienes trabajan en talleres productivos y estudian para redimir sus penas.

La misiva que se hizo pública ayer, suscrita por internos que aseguran representar a un sector de la población penitenciaria, señala que deben pagar diez soles semanales y aportar otros quince soles cuando surgen problemas en el pabellón, supuestamente para evitar requisas o represalias físicas. La denuncia apunta a presuntos grupos de poder que dominarían el pabellón 4.

Los firmantes también señalan a internos identificados por nombre y denuncian una presunta red de protección que involucraría a personal técnico, alcaides y a la anterior dirección del establecimiento.

Por ello, solicitan operativos inopinados y sin previo aviso, al advertir que las filtraciones de información pueden frustrar las fiscalizaciones.

En ambos casos, las denuncias requieren una investigación rigurosa y la identificación de responsabilidades. Pero hay una coincidencia que no puede pasar inadvertida: la extorsión aparece como un mecanismo de control dentro de las cárceles.

Si los internos deben pagar para trabajar, estudiar o evitar agresiones, y si las amenazas alcanzan a sus familias fuera del penal, la inseguridad deja de ser un problema exclusivamente penitenciario.

En Socabaya, la explosión en la garita es una señal de alarma. La violencia que se pretendía mantener tras las rejas ya alcanzó a quienes ingresan al establecimiento. Ni siquiera estar preso garantiza estar a salvo de la extorsión.