Una primera condena marca el avance del proceso judicial por el caso denominado “Policías Albañiles”, relacionado con el presunto uso irregular de efectivos policiales para ejecutar trabajos de construcción en la sede de la IX Macro Región Policial (MACREPOL) de Arequipa. La mayor PNP Claudia Del Castillo recibió tres años de prisión suspendida tras admitir que registró información falsa en los roles de servicio de 15 agentes que, entre agosto y noviembre de 2020, aparecían como integrantes de labores de inteligencia, pese a que estaban dedicados a trabajos de albañilería y remodelación.

La oficial decidió reconocer los cargos y acogerse a la conclusión anticipada del juicio oral, mecanismo que permitió emitir una sentencia sin continuar con todas las etapas del proceso. Además de la pena suspendida, el juzgado dispuso su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un año y tres meses, el pago de 182 días multa, equivalentes a S/ 4 550, y una reparación civil de S/ 3 000 a favor del Estado.

EXJEFE POLICIAL EN EL BANQUILLO

La sentencia contra la mayor no cierra el caso. Por el contrario, el proceso continuará contra el general PNP Víctor Zanabria Angulo, quien estuvo al mando de la IX MACREPOL Arequipa, y otros tres exfuncionarios policiales. La Cuarta Sala Penal de Apelaciones declaró infundados los recursos presentados por sus abogados y confirmó que deben afrontar un juicio oral.

La Fiscalía atribuye a Zanabria presuntos delitos de peculado doloso agravado, colusión agravada y peculado doloso. Entre los hechos investigados figura la utilización de 15 policías para realizar obras dentro del complejo policial, en lugar de cumplir las funciones para las que estaban asignados.

Otra línea de investigación apunta a una presunta simulación en la contratación de los trabajos de acondicionamiento del patio de armas. Asimismo, se investiga la supuesta apropiación de dinero entregado como donación por una empresa minera.

Junto al general también son procesados el coronel PNP Francis Alarcón, quien fue jefe de Secretaría de la Unidad Ejecutora 022; el mayor PNP Luis Cancela, exjefe de Administración; y Rolando Rodríguez, quien laboraba en el área de Adquisiciones. Los tres afrontan imputaciones vinculadas con presuntos actos de peculado y colusión agravada.

El juicio oral continúa y la próxima audiencia fue fijada para el 11 de noviembre. Para sustentar las acusaciones, el Ministerio Público cuenta con testimonios, pericias, inspecciones y registros de comunicaciones obtenidos mediante autorización judicial.

La primera sentencia establece responsabilidad penal para una de las involucradas, mientras que los demás procesados deberán responder ante la justicia por las imputaciones formuladas en su contra.