Por: Carlos Meneses

Arequipa no necesita discursos de despedida ni balances maquillados. Necesita transparencia, responsabilidades y cuentas claras. Gobernar implica administrar, pero también responder por lo que se hizo y por aquello que se dejó de hacer.

La convocatoria del Consejo Regional al gobernador Rohel Sánchez para que comparezca y explique el estado de las obras, la situación presupuestal y el proceso de transferencia de gestión no debería ser un trámite más en la agenda política de Arequipa. Es, ante todo, una oportunidad para exigir respuestas sobre una administración que se aproxima a su final y que todavía mantiene demasiadas cuentas pendientes con la ciudadanía.

El próximo lunes 16 de noviembre, Sánchez deberá enfrentar las preguntas de los consejeros regionales sobre proyectos inconclusos, inversiones que no alcanzaron sus objetivos, compromisos económicos y obras cuya continuidad tendrá que asumir la siguiente gestión. No basta con presentar cuadros de ejecución presupuestal, porcentajes de avance o enumerar proyectos. La población necesita saber qué se hizo con los recursos públicos y, sobre todo, qué resultados concretos se consiguieron.

La preocupación no es menor. Durante estos años, la gestión regional ha acumulado anuncios, compromisos y cronogramas que no siempre se tradujeron en obras terminadas ni en servicios de mejor calidad. Los problemas de infraestructura, las demoras en proyectos estratégicos y las dificultades para ejecutar el presupuesto revelan una brecha persistente entre lo que se ofreció y lo que realmente se consiguió.

Por eso, la presidenta del Consejo Regional, Norma Ortega Valdivia, tiene razón al exigir que el gobernador responda sobre proyectos específicos y no se refugie en cifras generales. La fiscalización pierde sentido cuando se convierte en una exposición complaciente de resultados seleccionados por la propia autoridad. Los consejeros tienen la obligación de preguntar, contrastar información y establecer responsabilidades.

Tampoco debe confundirse esta comparecencia con un acto de confrontación política. No se trata de interpelar por interpelar ni de buscar titulares a pocos meses del cambio de autoridades. Se trata de cumplir una función constitucional y política elemental: vigilar cómo se administran los recursos de todos los arequipeños.

La transferencia de gestión merece especial atención. La próxima administración no puede recibir una institución con expedientes incompletos, obligaciones financieras sin claridad, obras paralizadas o compromisos que nadie se atreva a explicar. Cada proyecto pendiente debe tener información verificable sobre su presupuesto, avance físico, situación contractual y plazo real de culminación.

Rohel Sánchez tiene la obligación de acudir y responder. Su gestión no puede terminar dejando más interrogantes que resultados. Y el Consejo Regional debe demostrar que su convocatoria no es una simple formalidad ni un gesto tardío de protagonismo político.