Por: Pedro Herrera, economista principal del Consejo Privado de Competitividad.

La economía institucional es el campo de la economía que estudia los fenómenos económicos con énfasis en sus instituciones formales e informales, y como éstas impactan en el crecimiento y desarrollo (Coase, 1988; North, 1991, 2008). Los resultados del desempeño que se obtienen en los diferentes sectores de la economía, como, por ejemplo, en el sector educación, pueden por tanto ser analizados bajo la mirada de la calidad y efectividad de las instituciones que gestionan y administran la educación en los países.

En el Perú, los resultados del desempeño del sector Educación son deficientes. Por ejemplo, ninguna de las regiones del país cuenta con más del 40% de los alumnos con un desempeño satisfactorio en los resultados de lectura, y ninguna región llega al 30% de los alumnos con un desempeño satisfactorio en los resultados de matemática y ciencias sociales. Las diversas mejoras que se realizaron en el sector Educación desde el 2012, como, por ejemplo, la Reforma Magisterial, que estableció un sistema de ascensos basado en concursos para mejorar la calidad docente, viene siendo desbaratada no solo por la aciaga gestión del Congreso de la República, y por el limitado capital político del Poder Ejecutivo para frenar estos despropósitos, sino también por el propio Ministerio de Educación.

Por ejemplo, en el caso de la Carrera Pública Magisterial, la prueba única nacional (PUN), – puerta de ingreso a la CPM -, fue modificada en el 2022, haciéndola menos exigente. Como consecuencia, la tasa de los docentes que aprobaron la prueba pasó de 7.5% en el 2019 a 46% 2022. Mas aún, en el Concurso de Nombramiento 2022, 128 mil docentes aprobaron la PUN, lo cual representó un número muy superior a la suma de docentes aprobados en los cuatro concursos de nombramiento implementados en el período 2015 – 2019 (87 mil docentes). El MINEDU bajó la valla a la PUN y ahora más docentes se encuentran “aptos” para mejorar la calidad de la educación en el país. La PUN ya no cumple más con el propósito de filtrar a los docentes de baja calidad.

Nos encontramos en un escenario de evidente fragilidad institucional. Si bien el espacio de gestión de la educación le corresponde al MINEDU, su accionar se enmarca en el aparato general de gestión del Estado y por ello su desempeño está condicionado a cambios más generales atribuibles a las capacidades de las estructuras organizativas de la administración pública. En situaciones en las cuales los estados son débiles en términos institucionales, las reformas que se iniciaron previamente enfocadas a mejorar el sector Educación, resultan insostenibles debido a la facilidad por la cual se perforan de manera constante, y a veces silenciosamente, los avances realizados.

Las transformaciones que deben ocurrir en la sociedad respecto a la organización y los contenidos para la mejora de la educación no pueden dejarse al libre albedrio de los funcionarios de turno del MINEDU, los cuales operan al amparo de las limitadas capacidades de organización de la administración pública. Se requiere, por tanto, un shock institucional que irrigue a los demás sectores con preponderancia temporal hacia los sectores claves y sensibles de la economía, como lo es el sector Educación.

En el corto plazo, es esencial trabajar en la implementación de un sistema impermeable que asegure que los avances obtenidos al menos se mantengan. Una opción sería, por ejemplo, incluir un conjunto de aspectos medulares de la Reforma Magisterial que requieren operar como parámetros invariables, en la Constitución Política del país. Sin embargo, abrir esta puerta requerirá arribar a una agenda mínima de consensos sostenibles y creíbles. La hoja de ruta es difícil de implementar, pero debe quedar claro que sin un shock institucional en el sector Educación será imposible recomponer lo afectado, y mucho menos mejorar progresivamente los magros resultados de la educación del país.