Alegando la violación del debido proceso, un grupo de abogados presentó una demanda constitucional contra los funcionarios y autoridades responsables de la transferencia del proyecto Majes-Siguas al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). La demanda de amparo incluye al titular del Midagri, Ángel Manero Campos, al gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, y a los ocho consejeros regionales que votaron a favor de la transferencia.

Liderados por Walther Paz Valderrama, los ocho abogados sostienen que la transferencia del proyecto Majes-Siguas contraviene las leyes N°30991 y N°31710, que establecen la ejecución del proyecto de irrigación por parte del Gobierno Regional de Arequipa. Además, cuestionan que el Midagri no contaba con autorización para formalizar la transferencia el 26 de julio, dado que el acuerdo regional que aprobaba dicha acción fue publicado el 31 de julio, cinco días antes de su ratificación oficial.

Otro punto de controversia señalado por los abogados es el cambio de firmas en el documento de transferencia. El 26 de julio, durante la ceremonia simbólica, Ángel Manero firmó el convenio de transferencia. Sin embargo, el documento oficial, promulgado el 31 de julio, lleva la rúbrica de Iván Ramos Pastor, viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria.

«El 26 de julio no existía autorización para firmar el convenio de transferencia. Esta acción vulnera el principio constitucional del debido proceso legislativo. Más aún, cuando la promulgación de una norma o convenio no puede cambiarse de manera repentina, eso es inconcebible en la administración pública. (…) Por eso solicitamos al juez constitucional que invalide ese acuerdo, ya que viola el debido proceso», declaró Paz Valderrama.

La demanda también incluye a los ocho consejeros regionales que aprobaron la transferencia del proyecto agrario. Marleny Arminta, Norma Ortega, Aarón Maldonado, Antonio Llerena, Elfer Ale, Juan Huanca, Natividad Taco y Roxana Llamoca podrían enfrentar responsabilidades legales. Tras la aceptación de la demanda, los implicados tienen un plazo de 10 días para responder, y dentro de los 30 días siguientes el juez deberá fijar la fecha para la audiencia.