En un artículo titulado “Amenazas de muerte por WhatsApp: la extorsión drena el dinero de los peruanos”, el medio estadounidense Financial Times hace un recuento de las consecuencias que ha tenido el incremento de la criminalidad en la ciudadanía, resaltando casos como el del sector de transportistas, empresarios, e incluso barberos, que motivaron movilizaciones y protestas pacíficas en las que se exigió al gobierno de la presidenta Dina Boluarte tomar acciones eficaces para luchar contra la actividad de delincuentes en el Perú.

De hecho, uno de los factores mencionados por el Financial Times como parte del problema de inseguridad ciudadana es un “vacío de poder político” causado por la alta rotación de presidentes con seis personas ocupando Palacio de Gobierno en pocos años.

“Los grupos criminales dedicados al sicariato y al tráfico de drogas han pasado a la extorsión, explotando un vacío de poder político (…)”, se lee en el artículo, que además indica que analistas consideran que una explicación al ‘boom’ criminal en el Perú podría deberse a hechos ocurridos en otros países de la región, como Colombia (desmovilización de las FARC-EP) e incluso Venezuela (expansión de pandillas).

A esto hay que sumarle un aspecto clave: la economía de estos sectores criminales llegó a tal nivel que incluso supera los recursos económicos de ministerios completos, precisamente aquellos encargados de mantener la seguridad como Interior y Defensa, además de entidades del Estado encargadas de la administración de justicia.

“El gran problema que tenemos ahora en Perú es que la enorme cantidad de dinero que se mueve en las economías ilegales eclipsa el presupuesto anual combinado del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial”, indicó Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior al medio norteamericano.

Aunque el ministro del Interior, Juan José Santiváñez -quien no aceptó una entrevista con Financial Times- niega que las cifras de víctimas de homicidios reportadas por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) sea la correcta, el medio internacional las recoge e indica que el año 2024 fue el año más sangriento para el Perú con más de 2 mil asesinatos; superando así los 1,431 registrados en el 2023.