El Ministerio de Educación (Minedu) informó que en lo que va del 2026 se han separado a 152 personas —entre docentes y administrativos— involucradas en procesos judiciales por delitos graves, la mayoría vinculados a violación de la libertad sexual. De acuerdo con el reporte oficial, 143 casos corresponden a abusos sexuales, de los cuales 126 son profesores y 17 personal administrativo.

La medida forma parte de la política de tolerancia cero impulsada por el ministro Jorge Figueroa, quien afirmó que el objetivo es “desterrar de las instituciones educativas a los malos elementos infiltrados en el magisterio”. Solo entre octubre de 2025 y febrero de 2026, el Minedu ha separado a 273 trabajadores del sector educativo, de los cuales 226 son docentes y 28 administrativos investigados o sentenciados por delitos relacionados con la libertad sexual.

El listado también incluye ocho profesores y un administrativo procesados por terrorismo o apología del terrorismo, seis docentes y un administrativo por proposiciones sexuales a menores a través de medios tecnológicos, dos por tráfico ilícito de drogas y uno por secuestro. De ese total, 57 personas fueron retiradas de manera definitiva tras recibir sentencia condenatoria, mientras que 216 permanecen separadas preventivamente mientras avanzan sus procesos judiciales.

Según José Moreno, director general de Educación Básica Alternativa e Intercultural del Minedu, actualmente hay 513 docentes denunciados bloqueados en los sistemas nacionales, lo que impide su contratación o reingreso a la Carrera Pública Magisterial. El funcionario explicó que, aunque las sanciones administrativas son necesarias, “no garantizan que el agresor se mantenga alejado de la víctima”, sobre todo en comunidades rurales donde ambos pueden residir en el mismo entorno.

El ministerio ha solicitado al Ministerio Público y al Poder Judicial acelerar los procesos penales para asegurar la protección de las víctimas. La problemática, sin embargo, trasciende las aulas: solo en 2023, el Minedu registró 1886 casos de abuso sexual en instituciones educativas, mientras que los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reportaron más de 21 900 denuncias de violencia sexual infantil ese mismo año.

Las autoridades educativas reiteraron su compromiso de garantizar entornos seguros para los escolares del país y exhortaron a los directores, padres y comunidades a denunciar cualquier indicio de abuso para evitar la impunidad.