Por: Carlos Meneses

Arequipa todavía está a tiempo de evitar que la extorsión eche raíces profundas. Pero para ello se necesita decisión política, presencia efectiva del Estado y una señal clara de que ninguna organización criminal podrá imponerse sobre la ley. El silencio, la indiferencia o la demora solo terminan fortaleciendo a quienes viven del miedo y la violencia.

Las denuncias de presuntas amenazas e intimidaciones en la obra de contingencia del IREN Sur deben ser tomadas con la máxima seriedad. Más allá de las diferencias laborales o disputas entre sindicatos y empresas contratistas, el verdadero riesgo es que la extorsión y las mafias vinculadas al sector construcción intenten abrirse paso en Arequipa, replicando un problema que ya golpea con fuerza a otras regiones del país.

El Perú ha visto cómo organizaciones criminales han convertido obras públicas y privadas en espacios de control ilegal, donde el miedo reemplaza a la ley. Cobros extorsivos, amenazas contra dirigentes, presión a empresas y uso de violencia para imponer trabajadores son prácticas que han deteriorado la seguridad en varias ciudades. Arequipa no puede permitir que esa realidad se normalice.

Por ello, las denuncias realizadas por el Sindicato de Construcción Civil no deben quedar únicamente en declaraciones públicas. Si existen amenazas o presencia de personas armadas, corresponde actuar de inmediato. La Policía Nacional y el Ministerio Público tienen la obligación de investigar con rapidez, identificar responsables y evitar que cualquier organización criminal gane presencia en proyectos estratégicos para la región.

Pero también es importante actuar con prudencia y responsabilidad. La ANIN sostiene que no existen denuncias formales ni evidencias que respalden las acusaciones. Esa diferencia de versiones solo incrementa la incertidumbre y demuestra la necesidad de una intervención firme de las autoridades competentes. La población necesita respuestas claras y verificables, no enfrentamientos mediáticos.

El problema de fondo no puede minimizarse. La extorsión ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una amenaza directa contra la economía, las obras públicas y la tranquilidad ciudadana. Cuando el crimen organizado logra infiltrarse en el sector construcción, las consecuencias son graves: paralizaciones, sobrecostos, violencia y retrasos que finalmente perjudican a la población.

En este caso, el daño puede ser aún mayor porque la obra paralizada está vinculada al IREN Sur, un proyecto clave para garantizar la atención de pacientes oncológicos de toda la macrorregión sur. Retrasar su ejecución significa afectar servicios médicos indispensables para miles de personas que esperan tratamientos oportunos y mejores condiciones hospitalarias.

Por eso, la respuesta debe ser conjunta. El Gobierno Regional, la ANIN, la Policía, el Ministerio Público y los gremios sindicales deben coordinar acciones inmediatas para garantizar seguridad y transparencia dentro de la obra. No se trata de defender intereses particulares, sino de impedir que el miedo y la ilegalidad se conviertan en parte del funcionamiento cotidiano de los proyectos públicos.