La Comisión Permanente del Congreso archivó las denuncias constitucionales acumuladas contra la congresista Katy Ugarte Mamani, quien era investigada por el presunto recorte de sueldo a trabajadores de su despacho parlamentario, en el denominado caso “Mochasueldos”.

La decisión fue adoptada con 13 votos a favor, cinco en contra y una abstención, respaldando así el informe final que recomendaba enviar el caso al archivo. La legisladora era acusada de presuntamente haber cometido delitos contra la administración pública.

Durante la sesión, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, explicó que si bien el informe fue aprobado por mayoría, ella optó por abstenerse tanto en la subcomisión como en la Comisión Permanente.

Camones recordó que inicialmente la denuncia había sido declarada procedente debido a la existencia de indicios sobre posibles irregularidades, lo que justificaba continuar con las investigaciones y evaluar un eventual levantamiento del antejuicio político.

“Había indicios de las posibles comisiones de delitos y eso debía conllevar al levantamiento del antejuicio”, manifestó la parlamentaria tras la votación.

Asimismo, detalló que el caso fue evaluado por distintos congresistas delegados y que finalmente la legisladora Ana Zegarra elaboró el informe final que concluyó recomendando el archivamiento total de la denuncia constitucional.

El caso contra Katy Ugarte generó amplia controversia en el Parlamento debido a las acusaciones de presuntos descuentos irregulares a trabajadores de su despacho. Incluso, anteriormente, el Pleno del Congreso aprobó suspenderla por 30 días mientras se realizaban las investigaciones correspondientes.

En la misma sesión, la Comisión Permanente otorgó un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para investigar y emitir un informe final sobre las denuncias contra la congresista Magaly Ruiz, también investigada por presuntos recortes salariales y cobros ilegales a un extrabajador.

Asimismo, se concedió el mismo plazo para elaborar el informe sobre la denuncia constitucional contra la expresidenta Dina Boluarte, relacionada con el presunto nombramiento irregular de María Elena Aguilar del Águila como presidenta ejecutiva de EsSalud.