Por: Carlos Meneses

Arequipa necesita mucho más que cifras optimistas o balances técnicos. Requiere políticas que fortalezcan el empleo formal, impulsen la inversión productiva y garanticen servicios básicos de calidad. De lo contrario, miles de familias seguirán atrapadas en una peligrosa ilusión de estabilidad, demasiado cerca del abismo económico.

Arequipa suele ser presentada como una de las regiones más dinámicas del país. Su actividad minera, comercial y empresarial le ha permitido mantener indicadores económicos superiores a los de muchas otras zonas del Perú. Sin embargo, detrás de esas cifras macroeconómicas existe una realidad silenciosa y preocupante: cientos de miles de familias viven al borde de volver a la pobreza.

El reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) revela una alerta que no puede pasar desapercibida. Más de 443 mil arequipeños son considerados vulnerables monetarios. No son oficialmente pobres, pero sus ingresos son tan frágiles que cualquier enfermedad, desempleo o crisis económica podría empujarlos nuevamente a una situación de precariedad. En términos simples, casi uno de cada tres ciudadanos vive sin estabilidad económica real.

La pobreza monetaria se redujo ligeramente en el último año, pasando de 15.8% a 12.8%. A primera vista, podría interpretarse como una señal positiva. Pero basta mirar el panorama completo para entender que la recuperación sigue siendo débil. Antes de la pandemia, en 2019, la pobreza regional apenas alcanzaba el 6%. Hoy esa cifra se ha duplicado y existen más de 100 mil arequipeños adicionales viviendo en condición de pobreza respecto al escenario prepandemia.

Lo más preocupante es que la pobreza ya no es únicamente rural. El problema se ha urbanizado. Nueve de cada diez pobres viven en ciudades. Es decir, la precariedad económica golpea ahora con fuerza a familias que habitan en zonas urbanas y que, pese a tener empleo o algún ingreso, no logran cubrir adecuadamente sus necesidades básicas.

La situación resulta aún más dramática en los casos de pobreza extrema. Familias enteras sobreviven con menos de mil soles al mes. En esas condiciones, hablar de alimentación balanceada, salud de calidad o educación adecuada se convierte casi en un privilegio imposible.

El crecimiento económico regional tampoco ofrece garantías suficientes. Arequipa creció apenas 2.3% en 2025, por debajo del promedio nacional. Aunque sectores como construcción y manufactura mostraron avances, la caída de la minería y la fragilidad del empleo demuestran que la recuperación todavía no es sólida ni sostenible.

Además, persisten problemas estructurales que el país arrastra desde hace años: informalidad laboral, gasto público ineficiente, baja productividad y profundas desigualdades sociales. Como advierten diversos especialistas, la economía peruana se sostiene en parte gracias a los altos precios internacionales de exportación, pero esa bonanza externa no se traduce necesariamente en bienestar duradero para la población.