La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso archivó las denuncias presentadas contra la expresidenta Dina Boluarte y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, al concluir que en ambos casos no existían elementos suficientes para determinar una infracción constitucional sancionable.

En el caso de Boluarte, la SAC aprobó por mayoría el archivamiento de la denuncia constitucional N.° 534, presentada por el congresista Juan Burgos Oliveros. La acusación también alcanzaba al expremier Gustavo Adrianzén y al exministro de Economía José Arista por la emisión de un decreto legislativo vinculado a la incorporación de trabajadores al régimen del Seguro Social de Salud.

El informe de calificación concluyó que los hechos denunciados no configuraban una infracción constitucional susceptible de sanción política. Además, señaló que el propio Congreso corrigió posteriormente los aspectos cuestionados del dispositivo legal.

Por otro lado, la subcomisión declaró improcedente la denuncia constitucional N.° 602 contra Patricia Benavides, formulada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, quien la acusó de presuntamente manipular investigaciones fiscales desde el Ministerio Público.

La denuncia atribuía a Benavides presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico e impropio, abuso de autoridad, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia.

Asimismo, la SAC archivó la denuncia constitucional N.° 554 presentada también por Delia Espinoza contra la fallecida congresista Lucinda Vásquez Vela por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.

El informe indicó que, debido al fallecimiento de la exparlamentaria, se produjo la “sustracción de la materia”, lo que imposibilita continuar con el procedimiento parlamentario correspondiente.

Las decisiones adoptadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales forman parte de los procesos de evaluación política y jurídica que realiza el Congreso respecto a denuncias contra altas autoridades del Estado.