Por Jorge Turpo R.

El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla advirtió en Arequipa que las leyes aprobadas por el Congreso están elevando el gasto público y dejarán a municipios y gobiernos regionales con menos recursos para ejecutar obras.

PREOCUPANTES CONSECUENCIAS

El crecimiento económico del país podría entrar en una zona de alto riesgo si el próximo gobierno no logra contener el aumento del gasto público impulsado por normas aprobadas en el Congreso.

Para el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, el problema ya dejó de ser una advertencia técnica y empieza a sentirse en las cuentas de municipios y gobiernos regionales, que tendrían cada vez menos dinero para ejecutar obras públicas debido al incremento del gasto corriente.

Castilla llegó a Arequipa para participar en un encuentro de análisis económico organizado por Sura Investments, donde se discutieron las perspectivas económicas del país y el impacto de la coyuntura electoral.

Durante su exposición sostuvo que el principal peligro para la economía peruana ya no proviene de un escenario de inestabilidad política extrema como ocurrió con la elección de Pedro Castillo en 2021, sino del avance de un “populismo legislativo” que está comprometiendo las finanzas públicas.

El exministro recordó que el triunfo de Castillo provocó la salida de aproximadamente 16 mil millones de dólares del país por el temor de los inversionistas. Sin embargo, indicó que el escenario actual es distinto.

La inversión privada, lejos de retraerse, ha mostrado un crecimiento importante durante el último año, alcanzando niveles históricos cercanos al 10 %.

Lo llamativo, explicó, es que este impulso no proviene de grandes proyectos mineros, sino de un auge de la construcción y de inversiones privadas descentralizadas. Pero ese dinamismo económico podría frenarse si continúa creciendo el déficit fiscal.

Castilla sostuvo que el Congreso aprobó una serie de leyes que crean obligaciones permanentes de gasto sin definir fuentes de financiamiento sostenibles.

Entre ellas figuran la nivelación de pensiones de maestros jubilados y cesantes y la ampliación de beneficios laborales para trabajadores CAS.

Según las estimaciones expuestas durante el evento, solo la homologación de pensiones de docentes tendría un costo anual de al menos 8 mil millones de soles. A ello se suman cerca de 3 mil millones de soles por beneficios laborales para trabajadores CAS.

El impacto total de las medidas aprobadas recientemente podría oscilar entre 11 mil 400 millones y 15 mil millones de soles por año, comprometiendo seriamente el equilibrio fiscal del país.

Para Castilla, el problema central es que el Estado tendrá que destinar cada vez más recursos al pago de planillas, pensiones y obligaciones permanentes, dejando menos margen para obras de infraestructura y proyectos de desarrollo.

“El Ministerio de Economía hoy no puede darle marco presupuestal a obras que incluso están en curso porque tiene que atender estos nuevos gastos”, señaló.

SIN DINERO PARA OBRAS

El impacto, dijo, será especialmente duro para los municipios. Advirtió que las comunas tendrán dificultades para sostener sus presupuestos de inversión debido al incremento del gasto corriente. “La preocupación de los alcaldes es cómo van a asumir ese gasto”, indicó.

La consecuencia inmediata sería una paralización progresiva de proyectos públicos. Castilla explicó que muchas obras podrían quedarse únicamente en expedientes técnicos o etapas preliminares sin llegar a ejecución contractual.

Es decir, habría menos pistas, menos colegios, menos sistemas de agua potable y menos infraestructura para las ciudades, pese a que varias regiones siguen recibiendo recursos provenientes de la minería.

Precisamente sobre la renta minera (canon y regalías), el exministro aclaró que no puede utilizarse como solución permanente para financiar gastos corrientes.

Explicó que esos ingresos son variables y dependen de los precios internacionales de los minerales. “La renta minera sube y baja; no puede financiar gastos permanentes”, remarcó.

Castilla también cuestionó el rol del Tribunal Constitucional al considerar que permitió al Congreso tener capacidad de generar gasto público sin mayores restricciones.

A su juicio, el país necesita mecanismos de contención que impidan aprobar normas sin sustento presupuestal.

Por ello, consideró que este tema debería convertirse en uno de los puntos centrales del debate político rumbo a la segunda vuelta electoral.

El exministro sostuvo además que el Perú enfrenta un problema estructural: el divorcio entre crecimiento económico y desarrollo humano.

Aunque el país ha mostrado indicadores macroeconómicos positivos durante varios años, persiste la sensación de que el crecimiento no mejora la calidad de vida de la población. La precariedad laboral, la falta de servicios públicos eficientes y la incapacidad de transformar la renta minera en obras concretas alimentan esa percepción.

En ese escenario, el debate ya no gira únicamente sobre cuánto crece la economía, sino sobre la capacidad del Estado para administrar sus recursos sin hipotecar el futuro fiscal del país.

Para Castilla, si no se controla el aumento del gasto corriente, los municipios podrían terminar convertidos en entidades destinadas casi exclusivamente a pagar planillas y pensiones, dejando de lado su función principal: ejecutar obras y promover desarrollo.