DURÓ MÁS DE 2 HORAS

El debate técnico de la segunda vuelta presidencial 2026 evidenció las diferencias programáticas entre las candidaturas de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Sin embargo, pese a la expectativa generada, la jornada dejó una sensación mixta entre especialistas y ciudadanos, debido a la ausencia de propuestas concretas y la falta de profundidad en temas considerados urgentes para el país.

El encuentro técnico, desarrollado como antesala del debate presidencial del próximo 31 de mayo, reunió a los equipos especializados de ambas agrupaciones políticas para discutir seis bloques temáticos: reforma del Estado, juventud y deporte, agricultura y medio ambiente, infraestructura, economía y generación de empleo, y salud.

El orden de participación fue definido previamente mediante sorteo público realizado el pasado 21 de mayo. El bloque de reforma del Estado fue iniciado por el sociólogo Sinesio López, representante de Juntos por el Perú, seguido por Vladimiro Huaroc, de Fuerza Popular. Posteriormente, Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini debatieron sobre juventud y deporte.

En agricultura y medio ambiente participaron César Guarniz y Marco Vinelli, mientras que el tema de infraestructura estuvo a cargo de Carlos Neuhaus y Gustavo Guerra García. En economía y generación de empleo expusieron Pedro Francke y Luis Carranza. Finalmente, el bloque de salud fue desarrollado por José Recoba y Hernando Cevallos.

El debate tuvo una duración aproximada de una hora y cuarenta minutos y permitió conocer con mayor detalle las prioridades de ambas organizaciones políticas. Uno de los aspectos positivos fue que los equipos técnicos dejaron momentáneamente de lado el discurso confrontacional característico de la campaña electoral para enfocarse en explicar propuestas y líneas de acción.

Sin embargo, el intercambio también dejó varias críticas. En distintos bloques predominó el cruce de cuestionamientos políticos y promesas generales antes que la presentación de medidas concretas, cronogramas o mecanismos claros de financiamiento. Varias propuestas fueron expuestas de manera amplia, pero sin detallar cómo serían ejecutadas en un contexto económico marcado por restricciones fiscales y creciente desconfianza ciudadana.

La seguridad ciudadana volvió a posicionarse como uno de los temas centrales, reflejando la preocupación nacional frente al avance del sicariato, las extorsiones y el crimen organizado. No obstante, las propuestas escuchadas repitieron fórmulas ya conocidas, como incremento de patrulleros, fortalecimiento policial y endurecimiento de penas, sin profundizar en reformas estructurales del sistema de inteligencia, control penitenciario o lucha contra organizaciones criminales.

En economía se evidenciaron dos visiones distintas sobre el rol del Estado y la inversión privada. Mientras Fuerza Popular defendió una política orientada a fortalecer la estabilidad macroeconómica y atraer inversiones, Juntos por el Perú insistió en una mayor intervención estatal y fortalecimiento de programas sociales. Aun así, ambos equipos evitaron profundizar sobre temas sensibles como déficit fiscal, presión tributaria o sostenibilidad del gasto público.

Otro aspecto cuestionado fue la escasa atención hacia las regiones. Para sectores del sur del país, especialmente Arequipa, quedaron pendientes temas fundamentales como descentralización efectiva, crisis hídrica, minería informal, inseguridad, contaminación ambiental y proyectos de infraestructura paralizados.

Analistas políticos consideran que este tipo de debates no suele definir directamente una elección, pero sí influye en la percepción de preparación, solvencia y capacidad de gobierno. En medio de una campaña marcada por polarización y desgaste político, la ciudadanía esperaba mayor claridad técnica y propuestas más aterrizadas frente a los problemas reales del país.

Al cierre del debate, la sensación predominante fue que ambos equipos lograron mostrar orden y experiencia en algunos temas, pero no alcanzaron a responder plenamente las expectativas de una población cansada de promesas incumplidas y que exige soluciones urgentes frente a la inseguridad, la crisis económica y el deterioro institucional.

El debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez está programado para el próximo 31 de mayo de 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Se espera que esté centrado en temas clave como seguridad ciudadana, reactivación económica, empleo, salud, lucha contra la corrupción y gobernabilidad, en medio de una campaña marcada por la polarización política y el alto número de electores indecisos. Analistas consideran que el encuentro será decisivo para definir la percepción de liderazgo y capacidad de gobierno de ambos candidatos antes de la segunda vuelta del 7 de junio.