La situación de la seguridad ciudadana en Arequipa evidencia un deterioro sostenido que viene afectando de manera directa la calidad de vida de la población y las condiciones para el desarrollo económico de la región. A 2025, Arequipa registra la mayor tasa de victimización urbana del país: el 33,5% de la población de 15 años a más en el área urbana manifestó haber sido víctima de algún hecho delictivo. Este resultado no solo posiciona a la región como la más afectada a nivel nacional, sino que además representa un deterioro importante frente al 26,8% registrado en 2019. En términos prácticos, ello implica que aproximadamente uno de cada tres arequipeños ha sufrido directamente algún delito durante el último año.

Esta situación también se refleja en la percepción ciudadana. Arequipa es actualmente la segunda región con mayor percepción de inseguridad del país, alcanzando un 92% de población que considera inseguro el lugar donde vive. Parte de esta percepción se encuentra asociada a las limitaciones en los servicios de vigilancia y prevención. En Arequipa, el 61% de la población manifiesta que existe vigilancia en su zona, porcentaje inferior al 64% registrado en 2024, lo que refleja una menor presencia visible de mecanismos de control y patrullaje.

Estas condiciones adquieren mayor relevancia ante la agudización de los delitos vinculados a violencia y criminalidad organizada en los últimos años. Entre 2019 y 2025, la tasa de homicidios en Arequipa pasó de 1,9 a 3,3 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa de denuncias por extorsión se incrementó de 6,8 a 30,6 casos por cada 100 mil habitantes, multiplicándose por más de cuatro en dicho periodo. Esta evolución evidencia que la problemática de seguridad en la región ya no responde únicamente a delitos patrimoniales o hechos aislados de delincuencia común, sino a una creciente presencia de dinámicas asociadas a violencia criminal y mecanismos de coerción económica.

Los efectos de este deterioro ya comienzan a trasladarse al desempeño económico regional. Entre 2021 y 2025, la pérdida acumulada en la actividad productiva asociada al incremento de la criminalidad asciende a S/ 195 millones. Ello evidencia que la inseguridad no solo constituye un problema social y de orden público, sino también una restricción creciente para el desarrollo económico regional, al afectar las condiciones para la inversión, incrementar los costos operativos y deteriorar el funcionamiento de diversas actividades económicas.

Las limitaciones en la capacidad de respuesta también se reflejan en las brechas operativas de los servicios de seguridad. De las 102 comisarías existentes en Arequipa, un poco más de la mitad presenta deficiencias de infraestructura, equipamiento o capacidad operativa (57 de 102). A ello se suman las limitaciones de los servicios de serenazgo municipal. Considerando variables como la existencia y operatividad de centrales de control, puestos de auxilio rápido, vehículos, motocicletas, radios de comunicación, cámaras de videovigilancia y patrullaje integrado, menos de la mitad de las unidades municipales cuenta con capacidades operativas suficientes para responder de forma efectiva a los problemas de seguridad ciudadana (33 de 78).

En conjunto, estos resultados evidencian que Arequipa enfrenta un escenario de creciente presión sobre sus sistemas de seguridad y control territorial. La combinación de altos niveles de victimización, elevada percepción de inseguridad, expansión de delitos extorsivos y limitaciones operativas en infraestructura y vigilancia refleja la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y mejorar la articulación entre los distintos niveles de gobierno y las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.

En este contexto, la región dispone de uno de los mayores niveles de recursos destinados a seguridad y orden interno del país. En 2026, Arequipa cuenta con un presupuesto de S/ 397 millones para la función orden interno, manteniéndose por segundo año consecutivo como la cuarta región con mayores recursos. Sin embargo, los resultados observados evidencian que el principal desafío no radica únicamente en incrementar los recursos disponibles, sino en mejorar su gestión y focalización. Fortalecer la infraestructura policial, modernizar el equipamiento, ampliar las capacidades operativas del serenazgo y consolidar mecanismos de coordinación y patrullaje integrado resulta fundamental para que el gasto público logre traducirse efectivamente en una reducción de la criminalidad y en mejores condiciones de seguridad para la población.