Por: Carlos Meneses

El Perú no puede repetir errores de otras naciones que destruyeron sus economías por gastar más de lo que podían sostener. Si no se ponen límites al desorden fiscal, las consecuencias no tardarán en sentirse en las regiones y municipios, donde miles de obras podrían quedarse solo en expedientes y promesas incumplidas.

El Perú enfrenta una amenaza silenciosa, pero profundamente peligrosa para su estabilidad económica y social. No se trata esta vez de una crisis política explosiva ni de un colapso financiero inmediato. El verdadero riesgo se está incubando desde el Congreso, donde se vienen aprobando leyes populistas que aumentan el gasto público sin garantizar una fuente sostenible de financiamiento. El resultado podría ser devastador: municipios y gobiernos regionales sin dinero para ejecutar obras.

La advertencia lanzada en Arequipa por el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, debe tomarse con absoluta seriedad. Lo que hoy parece una serie de medidas “sociales” o “reivindicativas” podría convertirse mañana en un enorme agujero fiscal que terminarán pagando todos los peruanos.

El problema no está en mejorar pensiones o reconocer derechos laborales. El problema es hacerlo irresponsablemente, sin planificación y sin evaluar el impacto económico de largo plazo. Aprobar obligaciones permanentes de gasto sin respaldo financiero es una receta conocida para destruir las finanzas públicas.

Solo la homologación de pensiones de docentes jubilados tendría un costo cercano a los 8 mil millones de soles anuales. A ello se suman otros miles de millones por beneficios para trabajadores CAS. En conjunto, el impacto fiscal podría superar los 15 mil millones de soles por año. ¿De dónde saldrá ese dinero? Nadie lo explica con claridad.

Mientras el Estado destina más recursos a planillas, pensiones y obligaciones corrientes, cada vez queda menos presupuesto para obras públicas. Y ahí aparece la consecuencia más grave: menos colegios, menos hospitales, menos carreteras, menos sistemas de agua potable y menos infraestructura para las ciudades.

Los municipios serán los primeros golpeados. Muchas comunas apenas logran cubrir sus gastos básicos y ahora enfrentarán mayores presiones presupuestales. El riesgo es que terminen convertidas en simples entidades pagadoras de sueldos, sin capacidad de ejecutar proyectos de desarrollo.

Lo más preocupante es que esta situación ocurre en medio de un contexto donde la inversión privada empieza a recuperarse y la economía muestra señales de crecimiento. Sin embargo, ese dinamismo puede frenarse rápidamente si el déficit fiscal continúa ampliándose.

El populismo legislativo suele vender soluciones rápidas, pero deja problemas enormes. Regalar estabilidad fiscal para ganar aplausos políticos es una irresponsabilidad histórica. El Congreso parece legislar pensando en el corto plazo electoral y no en la sostenibilidad del país.