Cuatro integrantes del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa (STCCA) fueron intervenidos por la Policía Nacional tras una denuncia por presunta coacción presentada por representantes de la empresa APM Contratistas, encargada de ejecutar la nueva sede del Poder Judicial en el distrito de Cerro Colorado, posteriormente fueron dejados en libertad.

La obra, desarrollada mediante el mecanismo de obras por impuestos con participación del Gobierno Regional de Arequipa, se encuentra actualmente en etapa de ejecución y ha generado cuestionamientos por parte del gremio sindical respecto a la contratación de personal.

La intervención policial se realizó el último viernes en inmediaciones del proyecto, luego de que efectivos de la comisaría de Mariscal Castilla acudieran al lugar tras recibir el reporte de la empresa. Los detenidos fueron identificados como Miguel Chicata Orihuela, Ricardo Gargate Coaguila, Leopoldo Huaracayo Orcaza y Santos Zapata Rojas, quienes fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

Desde el sindicato, sin embargo, rechazaron las acusaciones y señalaron que la detención fue arbitraria. El secretario general del STCCA, Lugue Espinoza, sostuvo que los trabajadores realizaban una protesta pacífica para exigir oportunidades laborales para obreros de la región y denunciar presuntos incumplimientos laborales por parte de la contratista.

Durante la manifestación, los obreros portaban carteles en los que reclamaban mayor participación de trabajadores arequipeños en la obra. En algunos mensajes se cuestionaba la contratación de personal proveniente de Lima, argumentando que la mano de obra local estaría siendo desplazada en un proyecto ejecutado en Arequipa.

Además, el dirigente sindical aseguró que la empresa no estaría respetando algunos beneficios laborales establecidos dentro del régimen de Construcción Civil, así como obligaciones relacionadas con pagos y contratación de personal.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si existió algún acto de presión o coacción durante la protesta realizada en la obra de infraestructura judicial.

El caso ha generado nuevamente debate sobre los conflictos laborales y la contratación de trabajadores locales en proyectos de gran inversión que se ejecutan en Arequipa.