La exclusión de dos centrales hidroeléctricas durante la transferencia del proyecto Majes-Siguas II al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) podría generar responsabilidades funcionales para exfuncionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Actualmente, el Ejecutivo regional afronta un arbitraje por US$ 4.6 millones iniciado por la empresa Inland Energy S.A.C., pese a que ya no posee facultades para intervenir en la ejecución del proyecto.

El 26 de julio de 2024, el GRA inició el procedimiento de transferencia de titularidad de Majes-Siguas II. Dicho proceso quedó formalizado el 31 de julio del mismo año mediante la suscripción del convenio en favor del Midagri. Sin embargo, la transferencia no incluyó a las centrales hidroeléctricas Lluta y Lluclla, infraestructuras vinculadas al suministro energético y aprovechamiento hídrico del proyecto. Ante la imposibilidad de ejecutar el contrato suscrito en 2018, Inland Energy S.A.C. solicitó el inicio de un arbitraje en septiembre de 2025.

“Nos demandan por algo que no podemos cumplir. El proyecto ya no está en manos del GRA porque la ejecución de las represas, túneles y canales fue transferida al Midagri. (…) La principal responsabilidad es del Ejecutivo regional, porque fueron sus equipos técnicos y legales quienes elaboraron las propuestas y los informes para la transferencia”, declaró César Huamantuma Alarcón, consejero regional por Arequipa.

Entre los funcionarios con presuntas responsabilidades figurarían Norma Mamani Coila, entonces gerenta general del GRA; Sixto Palomino García, entonces gerente ejecutivo de Autodema; y Óscar Godofredo Champi Alpaca, entonces gerente regional de Promoción de la Inversión Privada. Según explicó Huamantuma Alarcón, esta última gerencia tuvo participación directa en el manejo contractual de las hidroeléctricas, debido a que el componente energético se desarrollaba bajo un esquema de inversión privada.

Actualmente, el arbitraje se desarrolla en la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa bajo el expediente 032-2025-ACCEIA. La demanda se sustenta en que la ejecución de las hidroeléctricas dependía del avance de Majes-Siguas II, por lo que la paralización y posterior transferencia parcial del proyecto afectaron el cumplimiento contractual. Huamantuma Alarcón señaló que el proceso arbitral se maneja bajo reserva, aunque trascendió que el tribunal arbitral ya habría sido instalado y que la defensa del GRA está a cargo de la Procuraduría Pública Regional.

El legislador regional indicó que, de confirmarse un eventual perjuicio económico para el Estado a raíz del arbitraje, las responsabilidades podrían ser derivadas a instancias de control y persecución penal. En ese sentido, señaló que la documentación recopilada y los informes reservados sobre la transferencia de Majes-Siguas II serían remitidos posteriormente a la Contraloría General y al Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades funcionales o administrativas de los exfuncionarios involucrados en el proceso.