Por: Carlos Meneses

La protesta arrocera es, en el fondo, una advertencia. Cuando el Estado se vuelve indiferente frente al campo, el conflicto deja de ser agrícola y se convierte en un problema social y político de mayores dimensiones.

La crisis de los arroceros del sur del país no estalló de un día para otro. Es el resultado de meses de advertencias ignoradas, reuniones improductivas y una preocupante incapacidad del Estado para responder a un sector que sostiene buena parte de la seguridad alimentaria nacional. Lo que hoy ocurre en Arequipa y otras regiones refleja el cansancio de miles de agricultores que sienten que producir ya no garantiza sobrevivir.

Los dirigentes arroceros aseguran haber participado en hasta 27 mesas de diálogo con el Ejecutivo sin obtener soluciones concretas. Ese dato evidencia que el problema no es la falta de conversación, sino la ausencia de decisiones. El Gobierno insiste en convocar reuniones mientras los productores continúan acumulando pérdidas económicas que amenazan con quebrar campañas completas.

La situación es grave. Según los agricultores, el saco de arroz se vende alrededor de S/ 115, cuando necesitan al menos S/ 140 para cubrir costos de producción. Es decir, trabajan a pérdida. Mientras tanto, el arroz importado sigue ingresando al país y termina comercializándose a precios mucho más altos en los mercados, sin beneficiar al productor nacional ni al consumidor final.

El reclamo de los arroceros no puede ser reducido a una protesta sectorial. Detrás de esta crisis existe una sensación creciente de abandono estatal. Los productores denuncian competencia desigual frente a países donde el agro recibe subsidios, respaldo financiero y protección estratégica. En el Perú, en cambio, el agricultor enfrenta solo las reglas del mercado, sin mecanismos reales que equilibren las condiciones de competencia.

Más preocupante aún es la desconexión política. Arequipa, pese a su peso productivo en zonas como Majes, Camaná, Ocoña y el Valle de Tambo, no ha tenido un respaldo firme de sus autoridades regionales ni nacionales. Cuando el Estado no escucha a quienes producen, las carreteras terminan convirtiéndose en espacios de protesta y presión.

La posibilidad de radicalizar las movilizaciones en puntos estratégicos como el puente de Ocoña debería encender una alerta seria. El conflicto puede agravarse no solo por el impacto económico, sino también por las tensiones sociales que genera el abandono del campo. El Gobierno parece reaccionar únicamente cuando las protestas afectan el tránsito o paralizan actividades, pero no cuando las familias agricultoras advierten que están al borde de la quiebra.

El país necesita entender que defender al agro no significa regalar dinero ni promover privilegios. Significa garantizar condiciones mínimas para que miles de productores puedan seguir trabajando y abasteciendo de alimentos a la población. Sin agricultura no hay estabilidad económica ni seguridad alimentaria.