En 2021, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) gastó S/ 44 mil 57 en la elaboración del expediente técnico de un centro de acogida para adultos mayores. Sin embargo, los gastos se ejecutaron pese a que no se habría verificado previamente el saneamiento físico-legal ni la disponibilidad jurídica del terreno. Aunque la situación fue observada años después, la actual administración dejó vencer el plazo para iniciar acciones disciplinarias contra los presuntos responsables y terminó declarando prescrito el caso.

Mediante la Resolución Gerencial General Regional N.° 339-2026-GRA/GGR, la entidad declaró prescrita la potestad sancionadora respecto de los hechos vinculados al proyecto, ubicado inicialmente en el distrito de Yura. La decisión se sustenta en que el plazo legal de tres años para iniciar un procedimiento administrativo disciplinario venció el 25 de agosto de 2024, sin que se adoptaran acciones contra los presuntos responsables.

La investigación estaba relacionada con gastos ejecutados durante la elaboración del expediente técnico del proyecto. Según el Informe N.° 141-2026-GRA/GRDIS, durante 2021 se efectuaron pagos por S/ 42 mil 100 mediante órdenes de servicio y S/ 1 957 mediante una orden de compra, lo que suma S/ 44 mil 57 destinados a estudios, evaluaciones y otros servicios vinculados a la formulación del expediente técnico.

De acuerdo con la documentación revisada por la Secretaría Técnica de Arequipa Administrativos Disciplinarios (PAD), el predio inicialmente elegido para ejecutar el proyecto estaba inscrito como área verde en la Asociación Urbanizadora Ciudad de Dios. Debido a dicha condición y a las restricciones establecidas en la Ley N.° 31199, el terreno no podía cambiar de uso para albergar la infraestructura proyectada.

La resolución también recoge antecedentes que advertían sobre esta situación. El 12 de mayo de 2022, un informe técnico concluyó que el expediente no podía obtener opinión favorable debido a observaciones relacionadas con el saneamiento físico-legal y la falta de disponibilidad jurídica del terreno. Días después, otro informe determinó que no era viable continuar con la evaluación del expediente mientras esos problemas no fueran solucionados.

La resolución señala que los hechos fueron puestos en conocimiento de la administración recién mediante el Informe N.° 141-2026-GRA/GRDIS, emitido el 11 de febrero de 2026, cuando la facultad para iniciar un procedimiento disciplinario ya había caducado. Aunque la presunta responsabilidad administrativa por los gastos ya no podrá ser investigada mediante un PAD, la Gerencia General Regional dispuso remitir los actuados para determinar eventuales responsabilidades por la inacción administrativa que permitió la prescripción del caso.