El Ministerio Público investigó la sustracción de material electoral ya contabilizado en el colegio Mario Vargas Llosa, en Mariano Melgar. Las cédulas fueron recuperadas y la Fiscalía sostuvo que el hecho no alteró el conteo de votos.

Un personero fue detenido en Arequipa por la presunta sustracción de 261 cédulas de sufragio del local de votación instalado en la institución educativa Premio Nobel Mario Vargas Llosa, en el distrito de Mariano Melgar, tras la segunda vuelta presidencial.

El hecho fue informado por el fiscal superior Roberto Reynaldo Román, coordinador de enlace para el Proceso Electoral 2026, quien precisó que el material electoral ya había sido contabilizado y no presentaba observaciones al momento de ser retirado del local.

Según la investigación preliminar, el personero habría aprovechado un descuido del personal encargado para llevarse un sobre con las cédulas. Luego trasladó el material a su domicilio y, posteriormente, retornó al centro de votación tras ser llamado por su coordinador.

Durante las diligencias, el intervenido habría entrado en contradicciones y reconocido que retiró las cédulas, alegando que fue maltratado por miembros de mesa y por un personero de otra agrupación política. Esa versión quedó sujeta a verificación fiscal y policial.

El Ministerio Público no informó oficialmente la identidad ni la agrupación política del detenido. Sin embargo, versiones periodísticas lo identificaron como Miguel Tupayachi, personero de Fuerza Popular, dato que deberá ser confirmado por la investigación en curso.

Las cédulas fueron recuperadas y verificadas por las autoridades electorales. La Fiscalía sostuvo que la sustracción no afectó el resultado del proceso, debido a que los votos ya habían sido registrados antes de que el material fuera retirado del centro educativo.

El caso fue derivado a la Unidad de Flagrancia Delictiva y quedó a cargo de la fiscal Myrna Corzo. La hipótesis del Ministerio Público apuntó al presunto delito de sustracción de material electoral, conducta prevista dentro de los delitos contra la voluntad popular.

De acuerdo con la información fiscal expuesta durante las diligencias, el investigado podría afrontar una pena privativa de libertad de hasta ocho años, dependiendo de la calificación final de los hechos y de la responsabilidad que determine el proceso penal.

El incidente se sumó a otros reportes registrados durante la jornada electoral en Arequipa, entre ellos cédulas con marcas de lapicero en algunos locales de votación, presuntas suplantaciones de identidad y observaciones vinculadas a propaganda electoral cercana a centros de sufragio.

Más allá de que el conteo no fue alterado, la sustracción de cédulas abrió una investigación sensible sobre la custodia del material electoral. En una elección polarizada, la transparencia del proceso dependió no solo del voto ciudadano, sino también del resguardo estricto de cada documento usado para validar la voluntad popular.