La Oficina de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) inició un procedimiento administrativo disciplinario contra José Luis Morales Charca, gerente regional de la Producción, por la presunta negligencia en el desempeño de funciones. La medida, formalizada mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 457-2026-GRA/GGR, se sustenta en la demora injustificada del funcionario para otorgar la conformidad a una orden de compra de S/40 mil, parte del programa Procompite.

POR PRESUNTA NEGLIGENCIA

Según el expediente, el proveedor entregó la máquina trituradora de residuos textiles el 19 de noviembre de 2025, fecha en que se verificó técnicamente su correcto funcionamiento. Sin embargo, Morales Charca incumplió el plazo de diez días calendario que establece la Ley de Contrataciones Públicas para dar el visto bueno, extendiendo su silencio hasta el 29 de diciembre del mismo año, es decir, 40 días después de la recepción del bien. Dicha omisión vulneró los numerales 144.3 y 67.3 de la Ley N° 32069, al impedir que la entidad efectúe el pago al contratista dentro del período hábil reglamentario.

El retraso obligó al GRA a emitir una resolución de reconocimiento de crédito devengado para regularizar la deuda, cuyo pago recién se concretó el 26 de febrero de 2026, a través de dos notas de tesorería. Acorde a la resolución el perjuicio radicó no solo en la extemporaneidad del pago, sino en la necesidad de un trámite administrativo adicional que pudo evitarse con una actuación oportuna, configurando así un actuar descuidado y culposo en la gestión pública, según lo señalado por la Secretaría Técnica PAD.

Como consecuencia de los hechos, el funcionario enfrenta ahora una posible sanción de suspensión sin goce de remuneraciones que podría extenderse hasta por un año, de acuerdo con el artículo 90 de la Ley N° 30057.

Morales Charca tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar sus descargos por escrito ante la Gerencia General Regional, con la opción de solicitar una prórroga de igual duración. La falta se habría cometido el 30 de noviembre de 2025, por lo que la acción disciplinaria sigue vigente bajo el plazo de prescripción de tres años.