Cada vez que se anuncian las millonarias transferencias del canon minero vuelve a escucharse el mismo comentario: «Les llega millones y no hacen nada.» Es una frase cómoda, repetida hasta el cansancio y, sobre todo, incompleta. El problema no es que las regiones reciban dinero; el problema es que el Estado les entrega millones de soles acompañados de un manual que les dice en qué sí pueden gastarlos y, especialmente, en qué no.

El artículo 60 de la Constitución y la Ley del Canon forman una extraña sociedad. Mientras la Constitución limita la actividad empresarial del Estado, la Ley N.° 27506 orienta el canon principalmente hacia infraestructura. En términos sencillos, una región puede construir edificios, plazas o carreteras, pero encuentra enormes trabas legales para impulsar industrias, innovación tecnológica o plantas que transformen sus propios recursos.

Así, una provincia minera continúa exportando minerales sin procesar; una zona alpaquera vende fibra en bruto y luego compra prendas confeccionadas en el extranjero; una región agrícola comercializa papa, pero no puede transformarla industrialmente y termina importando alimentos procesados. La riqueza sale del territorio y el verdadero valor agregado se queda en otra parte.

Nadie discute la importancia de una carretera, un colegio o un hospital. Lo preocupante es haber convertido el cemento en sinónimo de desarrollo. Como las reglas obligan a ejecutar el presupuesto, en algunos lugares aparecen monumentos al sombrero o al camarón; canchitas de fulbito cada pocas cuadras; plazas remodeladas por tercera vez; pistas y veredas aún en buen estado que son demolidas para construir otras casi idénticas. El presupuesto se ejecuta, las estadísticas sonríen y las fotografías abundan. Pero, la economía real, sigue esperando, mientras miles de provincianos terminan emigrando hacia las pocas grandes ciudades del país en busca de oportunidades.

La contradicción alcanza incluso al capital humano. Con recursos del canon es posible construir un moderno instituto tecnológico, pero resulta mucho más difícil financiar investigadores, atraer buenos docentes o sostener programas permanentes de innovación. Terminamos levantando excelentes edificios —verdaderos elefantes blancos— sin invertir con la misma decisión en el talento que debería darles vida, porque la propia normativa limita ese tipo de inversión.

A estas limitaciones legales se suma una gestión pública no preparada para administrar presupuestos de semejante magnitud. Numerosos municipios carecen de equipos técnicos especializados y los proyectos terminan en manos de personal sin la experiencia necesaria. Los expedientes son observados una y otra vez; las obras ingresan en arbitrajes o procesos judiciales y los recursos permanecen inmovilizados mientras las necesidades de la población siguen.

Por supuesto, la corrupción también existe y ha causado un enorme daño. Pero reducir todo el fracaso del canon únicamente a ella resulta tan simplista como culpar al termómetro de la fiebre. También pesan un marco legal excesivamente rígido, una burocracia asfixiante y una descentralización que transfirió recursos sin fortalecer suficientemente las capacidades de gestión.

El verdadero desafío no consiste en distribuir más canon, sino en permitir que ese dinero genere industria, conocimiento, empleo y desarrollo sostenible. Mientras sigamos confundiendo progreso con toneladas de concreto y kilómetros de veredas nuevas, las regiones continuarán inaugurando obras, pero no oportunidades. «Quizá ha llegado el momento de revisar críticamente el dogma según el cual basta reducir el papel del Estado y confiar el desarrollo exclusivamente al mercado. La experiencia de las regiones mineras demuestra que la riqueza, por sí sola, no genera desarrollo; para ello se necesitan instituciones inteligentes, reglas coherentes y una realista visión de país.»